Pobreza y corrupción en La Guajira

La Guajira es el departamento con el mayor número de personas viviendo en situación de pobreza y de miseria, sin acceso a agua potable y otros servicios básicos. Lo increíble es que esta dramática situación no se debe a la falta de plata, pues el departamento ha recibido mucha, sino a la debilidad institucional, y, sobre todo, a la corrupción que ha desviado los cuantiosos recursos de regalías que ha recibido a unos cuantos bolsillos privados, en lugar de beneficiar a toda la población.

La situación de pobreza es apabullante: dos terceras partes de la población del departamento (67,4%) vivían con ingresos mensuales inferiores a $354.000, que es el mínimo que estima el Dane para definir la pobreza monetaria. En contraste el promedio de pobreza nacional es de 39%.

La situación de pobreza extrema, o miseria, es la de aquellas personas que no tienen ni siquiera para la alimentación básica, pues sus ingresos mensuales en 2021 eran inferiores a $161.000. De nuevo la Guajira tiene el deshonroso primer lugar con un 40,4% de su población en esas condiciones, que es más de tres veces el promedio del resto del país, y nueve veces más que el departamento con mejores condiciones que es Risaralda con el 4,8%

Como consecuencia la calidad de vida de la mayoría de los guajiros es deplorable. Para enfrentar esta situación el presidente Petro y todo su gabinete se movilizaron a ese departamento, desde donde despacharon por una semana, anunciando un plan de choque con proyectos prioritarios para atender las necesidades más urgentes, y decretando una emergencia económica para desarrollar soluciones estructurales.

Lo inexplicable es que se mantenga esa situación inhumana en un departamento que ha recibido cuantiosos recursos por concepto de regalías del carbón y el gas. En efecto, desde 1994, la Guajira ha recibido más 15 billones de pesos (de 2023), que deberían haber sido suficientes por lo menos para dotar de agua potable a todos sus habitantes, o para conectarlos a las redes de energía.

En realidad sí se han adelantado múltiples proyectos, pero muchos han quedado inconclusos, o se culminan pero no se les da continuidad ni mantenimiento. Por ejemplo, en el caso del suministro de agua se han construido 6.400 pozos y jagüeyes, pero la mayor parte de estos sistemas se encuentran fuera de servicio debido a fallas en los esquemas organizativos que permitan responder frente al mantenimiento, operación y sostenibilidad.

Una de las explicaciones de este desperdicio de recursos es sin duda la debilidad institucional. En 12 años la Guajira ha tenido 15 gobernadores distintos, algunos que solo han durado unos cuantos meses y la mayoría destituidos al ser vinculados a casos de corrupción, delitos electorales y otros procesos penales abiertos.

Lo peor es la impunidad sistemática. Según la secretaría de Transparencia de la Presidencia, entre 2010 y 2023 se presentaron 922 delitos contra la administración pública y solo en el 16 por ciento de los casos hubo capturas; en un 2 por ciento se dictaron condenas, y las imputaciones fueron del 24 por ciento. En consecuencia, el 86% delitos relacionados con hechos de corrupción en la región está en inminente riesgo de prescripción, mientras que el 11% por ciento ya han prescrito.

Para que la Emergencia Económica y social decretada por el Gobierno para la Guajira tenga éxito, debe incluir medidas de emergencia judicial contra la corrupción.