La doble moral

Los colombianos tenemos una doble moral frente a las leyes y los acuerdos. Para nosotros no son las pautas de comportamiento las que permiten a las personas y los Estados interactuar con la mayor certidumbre y el menor riesgo posible. Más bien son instrumentos al servicio de unos intereses. Y los acatamos o rechazamos, según convenga.

Es una práctica que se inauguró en 2012, cuando la Corte Internacional de la Haya, al resolver un diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua estableció una línea de frontera marítima única que le quitaba una parte del control territorial a uno para entregar ese derecho al otro. A las pocas horas de conocerse el fallo, el entonces presidente Santos rechazó el fallo e incluso calificó de “decisión injuriosa” la sentencia de los jueces internacionales.

Pese a que el Art. 59 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia obligaba a las partes a cumplir con las decisiones de los jueces, Colombia optó por incumplir el compromiso adquirido. Y como esa obligación se originaba en un pacto internacional suscrito en Bogotá, por los países latinoamericanos, bajo el título de ‘Tratado Americano de Soluciones Pacíficas’ (llamado ‘Pacto de Bogotá’), pues el gobierno colombiano no tuvo reparo en denunciar el tratado para retirarse de él.

Para entonces, nadie salió a exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los tratados internacionales suscritos por Colombia. Ni reparó en que, al aceptar participar en un proceso judicial en el que las partes pudieron exponer sus posiciones, también se imponía la obligación de acatar la decisión judicial.

Nadie habló de que incumplir el fallo, nos convertía en parias en el mundo. Ni mucho menos se invocó su existencia como mecanismo de “soluciones pacíficas de los conflictos”. El incumplimiento de la orden judicial se justificó diciendo que se trataba de “una decisión políticamente correcta, pero jurídicamente polémica”. ¡Y ya!

Seis años después, la obligación de tener que asumir una decisión que no nos gusta, nos pone ante una situación similar. En el marco de la búsqueda de una “solución pacífica del conflicto”, el gobierno colombiano y el Eln aceptan sentarse a dialogar. Le solicitan a Ecuador y luego a Cuba que faciliten sus territorios para que el diálogo sea posible y fijan unas pautas de comportamiento que le aseguren a las partes negociar con la mayor certidumbre y el menor riesgo posible. Esas pautas se incorporan en unos protocolos, que fijan la manera de proceder en caso de que todo avance o que los diálogos se rompan. Todos estaban obligados a acatar lo pautado.

Es comprensible que, ante el reconocimiento del Eln de su responsabilidad en el ataque a la Escuela General Santander, el gobierno colombiano se retire de la negociación. El problema está en que no quiere aceptar las reglas de juego que se habían pactado en caso de ruptura. En su lugar, pidió al gobierno cubano que capture y extradite a los guerrilleros que estaban en la mesa. Por lamentable que sea, no lo puede hacer.

Si esa era la posición, Duque no debió permitir que esos diálogos se llevaran a cabo. Desde su posesión como Presidente debió notificar al gobierno cubano de su convicción y ponerla sobre la mesa como regla de juego. Si el Eln aceptaba, pues se quedaban, sino se iban.

Lo curioso es que los mismos que antes habían callado ante la decisión de la Corte de la Haya, ahora se levantan de sus sillas, preocupados gritando ¿cómo que Duque no va a cumplir? ¿Qué dirán los países garantes? ¿Qué terrorista nos va a creer cuando le propongamos un dialogo?

Es la doble moral que tenemos frente a las normas y los pactos. Solo los invocamos cuando nos conviene, pero cuando nos impone una obligación que no nos gusta, la rechazamos. O decimos que “se trata de una decisión políticamente correcta, pero jurídicamente polémica” ¡y ya!