¿Camino a la guerra?

La guerra también es una solución política. Y, lamentablemente, ese pareciera ser el único camino en el futuro de Venezuela. El enfrentamiento entre defensores y opositores al régimen de Maduro no es sostenible por mucho más tiempo. Y tendrá que resolverse. Ni los herederos de Chávez podrán mantener el gobierno con mecanismos excepcionales como la Constituyente, ni la oposición podrá sostenerse a punta de movilizaciones en las calles.

Para comenzar, un diálogo político como el que propone el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, no es viable. Las decisiones de la Asamblea Constituyente no muestran la más mínima disposición del régimen a reconocer a la oposición como una contraparte política legítima, con la que se puedan pactar cambios a las reglas de juego que rigen al país. Lo mismo sucede con los opositores. A pesar de las divisiones internas, hay unanimidad al desconocer al de Maduro como un gobierno legítimo, con el que se pueda acordar algo.

Las distancias entre uno y otra, son cada vez más amplias. Cada parte refuerza su poder y considera a su contraparte como un enemigo al que se debe erradicar. Mientras la oposición desafía al Consejo Nacional Electoral, al presentar candidatos a las elecciones regionales, la Asamblea Constituyente toma medidas para requintar el poder del régimen.

Primero, destituye a Luisa Ortega como Fiscal General. Luego, invocando el artículo 349 de la Constitución de 1999, decide que podrá “decretar medidas sobre las competencias, el funcionamiento y la organización de los órganos del poder público, que deberán ser acatadas de inmediato; y limitar o decidir la cesación de las autoridades que conforman [esos órganos]”. En desarrollo de esas atribuciones, ratifica como presidente a Nicolás Maduro, como “prenda de garantía para asegurar la continuidad del proceso de transformación democrática integral que vive Venezuela”.

Y para dejar en claro su intención, crea la ‘Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y Tranquilidad Pública’, organismo encargado de investigar y establecer las responsabilidades en los hechos de “violencia política” producidos ahí desde 1999, cuando Chávez asumió el poder. La lista de detenidos y condenados será larga. En este escenario, proponer el diálogo político lo único que hace es prolongar la agonía.

Lamentablemente, el camino que se avizora es el de la acción armada. Y aquí, nadie tiene nada asegurado, ni nada ganado. Ni el Estado tiene la fuerza política y militar para controlar su propio aparato y aplastar a los opositores, ni éstos tienen la vocación de unidad y derroteros claros requerida para enfrentar semejante situación. Y así, mientras vemos que, por los intereses estratégicos que la guerra representa o por su rentabilidad, no serán pocos los países que provean armas y asistencia a unos y otros, los colombianos vamos a quedar en el peor de los mundos.

Primero, porque no podemos tomar posición a favor de una de las partes. Como país vecino, hacerlo significa entrar en la guerra. Y eso, lejos de resolver el problema lo agrava. Colombia no se puede convertir en plataforma militar de los “aliados” contra el régimen o en sus defensores.

Y segundo, porque seguramente no será una guerra entre venezolanos. En el momento en que el primer soldado ruso o chino pise suelo caribeño, el conflicto escalará a dimensiones desconocidas.

Lo que queda es prepararse y asumir los efectos colaterales de esa guerra. Tendremos que abrir (todavía más) las puertas a los que huyan de la guerra, y garantizar condiciones mínimas de empleo y servicios a los migrantes. También porque padeceremos las consecuencias de los mercaderes de la guerra y mercenarios, cuya operación no será en un territorio distinto al nuestro. Como si no tuviéramos ya suficientes problemas.