Otra mirada

En conversaciones con algunos amigos aludía el fin de semana pasado a dos hechos que consideraba muy significativos: la anulación de la credencial como senador de Roy Barreras, quien además era el presidente del Congreso; y la anulación de la elección del Contralor General a quien le dio posesión el presidente Petro.

Comentaba que era una muestra impresionante de la estabilidad institucional colombiana que dos personalidades de ese nivel pudieran cesar en sus funciones por una decisión del Consejo de Estado en su Sección Quinta, la cual, dicho sea de paso, goza de enorme prestigio no solamente porque está normalmente al día en la tramitación de los casos que llegan para su consideración sino porque además hace publicaciones excelentes sobre sus decisiones.

Y la manera como las dos personalidades que fueron objeto de estas decisiones que además tenían carácter de inapelables, me reafirmaba en mi admiración por las sentencias de una Sección del Consejo de Estado y por la manera tan respetuosa como ambos funcionarios la recibieron y, de la misma manera, el Gobierno Nacional. 

Cuando discutía este tema expresaba, también, mi preocupación por la frecuencia con la cual los Altos Tribunales en Colombia tienen que lidiar con el análisis legal o constitucional de muchas decisiones que se adoptan con clara violación de normas legales que son conocidas. En el caso de la Contraloría fueron miembros del Congreso quienes dejaron constancia de las ilegalidades que se estaban cometiendo y anunciaron desde el recinto mismo que acudirían a la autoridad competente para obtener la nulidad de la decisión que se estaba adoptando.

Es que son los mismos congresistas quienes han aprobado una legislación muy complicada que los amarra en lo que debería ser un ejercicio de libertad en su actuación política y, luego, ellos mismos resultan ser víctimas de sus propias decisiones. En varias ocasiones he escrito columnas llamando la atención al respecto y recomendando, que, por favor, se liberen para que puedan tener mayor libertad en su desempeño político. En lo que se refiere a la Contraloría parece ser que el proceso electoral lo han convertido en un galimatías, o laberinto, dicen algunos, y cuando uno pregunta cuánto tiempo podría tomar el nombramiento, ahora, de un Contralor, algunos le dicen que hasta seis meses. Pero son procedimientos que no hemos inventado los académicos ni el sector empresarial sino los mismos miembros del Congreso. Increíble.

En las democracias que conozco existen departamentos jurídicos en el Congreso que son de altísimo nivel, muy respetados y que elaboran opiniones que son acatadas por los miembros del Congreso o sus mesas directivas por el rigor que caracteriza sus recomendaciones. Pero en Colombia, a sabiendas, se toman decisiones en el Congreso cuya ilegalidad está cantada. Y de ahí el número, en mi opinión excesivo, de leyes que tienen que ser declaradas inconstitucionales o ilegales. Lo cual, finalmente, a nadie sorprende porque son múltiples las demandas que se presentan para corregir errores que son obvios pero que el Congreso, no obstante, resuelve aprobar.

Es que no es aceptable que el propio Congreso viole las normas que él mismo ha aprobado y que no son de vieja data ni misteriosas, sino recientes, muy recientes. Es una carga innecesaria que tienen que asumir las Cortes.