La Humareda

La batalla de La Humareda fue un triunfo sangriento de la derecha, con Rafael Núñez, un Liberal que parecía Conservador, a la cabeza. Allí perecen las ideas del Olimpo Radical: el matrimonio civil, el divorcio, la libertad de cultos, la descentralización. Es junio de 1885 y Núñez sale al balcón del palacio presidencial y dice: “La Constitución de Rionegro ha dejado de existir”. Convoca, sin tener facultades para hacerlo, una Asamblea Constituyente de donde saldrá la Constitución de 1886. Así se acaban y nacen las constituciones colombianas del Siglo XIX, entre el humo de las guerras civiles. La historia sirve para recordar que hay circunstancias políticas que sobrepasan las Constituciones. Porque la Constitución está por encima de las leyes, pero el pueblo soberano está por encima de la Constitución. Dos episodios notables del Siglo XX corroboran que el asunto es más común de lo que parece. En octubre de 1957 la Junta Militar de Gobierno convoca un plebiscito para reformar la Constitución de 1886, sin tener facultades para hacerlo. Invita a las mujeres a votar, a pesar de que no tenían ese derecho. Es en realidad un referendo pues se proponen al elector unos puntos para terminar la guerra civil no declarada, hoy llamada La Violencia. Lo votan un poco más de 4,2 millones. Allí nace el Frente Nacional: un acuerdo de paz.En 1990, el Presidente César Gaviria dicta un decreto autorizando que se contabilice la llamada séptima papeleta en las elecciones para corporaciones públicas del 11 de marzo de ese año, sin tener facultades para hacerlo. La votan un poco más de 2 millones y sobre esa base la Corte Suprema de Justicia autoriza que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente, de donde nace la Constitución de 1991, que crea un estado participativo, y abre espacios a nuevos movimientos políticos. Su origen real son los acuerdos de paz con el M-19: otro acuerdo de paz. En junio de 2012 el Congreso aprueba la reforma constitucional llamada Marco Jurídico para la Paz que faculta al propio legislador a crear mecanismos de justicia transicional para la terminación del conflicto con las Farc y establecer condiciones de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Por primera vez en nuestra historia existen facultades legales para desarrollar un acuerdo de paz aun no firmado. Todo cuanto se acuerde en La Habana puede llevarse a la legislación por el procedimiento que el mismo Congreso o la Constitución establezcan. Temas sensibles como la participación en política de los jefes guerrilleros, circunscripciones especiales electorales y penas que habrán de pagar, requerirán una reforma constitucional que habrá que aprobar, dentro del debate parlamentario, con participación de la oposición. En ese contexto, pensar que es necesaria la ratificación de los acuerdos de La Habana a través del complejo mecanismo de las reformas por iniciativa popular, no tiene sentido. El Referendo requiere 8.2 millones de votos para su validez y la consulta popular 11 millones. Más sentido tendría consultar al pueblo de modo extraconstitucional, en las próximas elecciones de octubre, si está de acuerdo con que se firme un acuerdo de paz, cuyos términos serán puestos a consideración del Congreso para que lo desarrolle según las normas vigentes; y si la respuesta es masiva, hacerlo. Una aprobación previa. Sería la mejor manera de poner fin a esta otra Humareda.