¡Ojo con los salvadores!

Los siquiatras deben tener un nombre para la patología que aqueja a los personajes que dedican su tiempo a salvar a los demás de peligros reales o imaginarios, imponiéndoles a la fuerza las soluciones que les gustan a ellos, ignorando la realidad o la conveniencia de quienes, en su extravío, pretenden beneficiar.

Uno de los escenarios preferidos por estos loquitos es el Congreso de la República, donde se emiten leyes que les dan gusto a sus proponentes, pero son inútiles o nocivas. Como ejemplo, en los diez países más seguros en el mundo para conducir, la velocidad máxima en vías urbanas es 60 k/h y hasta 130 k/h en vías rápidas. En Colombia, quinta en mayor letalidad vial en el mundo, los ‘salvadores’ acaban de pasar una ley que reduce la velocidad máxima a tortuguescos 50 k/h. ¡Pronto nos ‘salvarán’ prohibiendo el tránsito automotor!

La nueva iniciativa de los ‘salvadores’ es francamente grotesca; el proyecto de Ley 013 de 2022, del Pacto Histórico, que entró a segundo debate en la Cámara de Representantes, busca prohibir en Colombia la donación de la que, en su fanatismo, denomina comida “ultra procesada”. Con ella, impedirán que los Bancos de Alimentos reciban decenas de miles de toneladas de donaciones de alimentos como chocolate de mesa, avena en hojuelas, queso cuajada, pan blanco, trozos de pollo, atún en lata o bebidas lácteas. Alimentos todos ellos de la canasta básica de los colombianos, cuando tienen con qué comprarlos.

Según el ‘World Hunger Map’, Colombia está entre los primeros 20 países con mayor riesgo de caer en inseguridad alimentaria a nivel mundial, y 17 millones de colombianos no acceden a suficientes alimentos a diario. En Colombia se está en más riesgo de caer en inseguridad alimentaria que en el Congo y Etiopía.

En medio de este panorama, la labor de los Bancos de Alimentos es crucial para garantizar el acceso diario a alimentos a más de un millón de personas a nivel nacional. En palabras del director de la Asociación de Bancos de Alimentos Juan Carlos Buitrago: “Hoy en día tenemos en Colombia 560.000 niños menores de 5 años con desnutrición crónica”, esto significa 560.000 niños con menores capacidades cognitivas, que durante su vida adulta percibirán en promedio un ingreso 54% menor en contraste con aquellos adultos que hayan tenido una nutrición adecuada durante su primera infancia.

Como bien señala Buitrago: “Esos niños no necesitan únicamente lechuga y pavo. Necesitan calorías”. De permitirse la prohibición establecida en el proyecto de ley, ni los niños ni los adultos a quienes ellos atienden podrán contar con las donaciones de cereales y lácteos que necesitan como parte de su aporte calórico. Hablar de hambre en Colombia trata de supervivencia, no de preferencias. Tal vez no sea así para los honorables congresistas que impulsan estas iniciativas, pero sí lo es para los millones de colombianos que enfrentan la cruda realidad de la carencia.

En contraposición a organizaciones como los Bancos de Alimentos, se encuentran organizaciones fondeadas por oligarcas extranjeros, como Fian, que buscan imponer en Colombia los gustos, prejuicios y caprichos de sus multimillonarios patrocinadores. Es hora de que Colombia reconozca el peligro para sus habitantes de “salvadores” como estos, determinados a obligar al país, a través de sus cipayos, a comer lo que ellos le permitan. O a no comer.