La dura realidad

Enero 18, 2022 - 11:35 p. m. 2022-01-18 Por: María Isabel Ulloa

Aunque considero que es mejor ver lo positivo de las coyunturas, especialmente las más retadoras, es necesario no perder de vista la dura realidad.

El año que terminó fue de grandes retos y aprendizajes para nuestra región y país. Nos puso de presente problemáticas profundas y activó iniciativas que, para muchos, representaron esperanza en medio del caos. Sin embargo, es evidente que tenemos un frente crítico, que condiciona nuestra viabilidad como país y como región: la seguridad.
Una problemática que en años anteriores pudo verse con optimismo como resultado del proceso de paz, pero cuya realidad hoy, nos demuestra que aún estamos lejos de la solución.

Tristemente, Cali, como capital del suroccidente colombiano, se encuentra en el centro de la conversación nacional debido a su rol en el entramado de violencia.

El problema es complejo y no tiene una única explicación. Aún más compleja es la solución, que requiere sin duda de la integración de enormes esfuerzos de actores públicos y privados. A grandes rasgos, lo que está pasando se puede explicar, en primer lugar, por el narcotráfico y otras economías ilegales que son una fuente, aparentemente inagotable, de generación de riqueza y poder para para las estructuras criminales del país. Las mismas que en el Pacífico colombiano se alimentan del aumento de los cultivos ilícitos y la minería ilegal, produciendo una estela de violencia en los departamentos de la región y que tienen en Cali uno de sus principales puntos de encuentro. Estas economías afectan las áreas rurales que han visto formarse y crecer nuevos grupos armados y algunos reciclados de nuestro conflicto y también, alimentan las pandillas y el ecosistema criminal de las ciudades.

En segundo lugar, tenemos un creciente problema de seguridad ciudadana en áreas rurales y urbanas, que en Cali se traduce en un alto número de robos, lesiones y homicidios, con un factor que nos diferencia de otras capitales que es la proliferación de armas de fuego. Además, la percepción de inseguridad de los ciudadanos viene aumentando en los últimos años, según el Dane en 2021 dos de cada tres habitantes de Cali se sentían inseguros en la ciudad.

En tercer lugar, los dos puntos anteriores se conectan con la problemática social de pobreza y desempleo que afecta particularmente nuestros jóvenes, que se convierten en víctimas de los homicidios y también en el principal objetivo del reclutamiento y uso del crimen organizado.

Entender esto nos obliga a ver a estos jóvenes vulnerables con otros ojos. Son ellos quienes necesitan oportunidades, tenemos que ‘quitárselos’ a los grupos armados, y evitar que sean usados para propósitos de los negocios ilegales. ¿Si la mayoría de estos jóvenes logra salir de los entornos de violencia, no tendremos problemas de seguridad?, no. Lo que sí es cierto es que el no contar con ellos como un recurso activo, les haría un daño profundo a las organizaciones delictivas. Esto, además del derecho irrefutable que tienen estos niños y jóvenes de tener oportunidades que mejoren sus vidas.

Paralelamente, se debe continuar la lucha frontal contra el narcotráfico integrando medidas sustitución de cultivos, inteligencia, desmantelamiento de estructuras criminales y acciones contra el lavado de activos y el contrabando.

La solución no vendrá individualmente del gobierno local, departamental o nacional. Ni se dará sólo por la implantación del imperio tradicional de la fuerza. Todas las acciones se deben implementar articuladamente. Merecemos vivir sin temor y para ello, se necesita tomar medidas urgentes, de lo contrario, el desarrollo Cali y el Valle del Cauca será insostenible.

*Directora Ejecutiva de ProPacífico
Sigue en Twitter @MariaIUlloa

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