¿Qué tan público es lo público?

La contratación pública como vehículo para llevar a cabo la inversión y provisión de los bienes y servicios que permiten el desarrollo de la ciudad y el bienestar de la ciudadanía, nos debe interesar a todos. Conocer sus dinámicas es una forma de medir la gestión de nuestros mandatarios.

El control social mediante la participación ciudadana activa y la identificación de oportunidades para implementar mejores prácticas nos permitirán fortalecer las instituciones, la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Para esto necesitamos conocer la información y contar con datos que nos indiquen con facilidad cómo se está contratando en la ciudad.

Hoy, a través del Sistema Electrónico de Compras Públicas de Colombia -Secop- se registra la contratación que se realiza con recursos públicos y puede ser consultada por cualquier ciudadano. Pero muchas veces su complejidad hace difícil que quienes se interesan en vigilar estos asuntos puedan hacerlo de manera efectiva.

Iniciativas como el Laboratorio Ciudadano Mi Cali Contrata Bien y sus análisis de datos en contratación pública brindan herramientas para motivar conversaciones activas y constructivas en cuanto a la transparencia y uso adecuado de los recursos públicos.

¿Y qué podemos saber sobre la contratación en Cali a través de plataformas públicas como Secop? En una mirada sobre 2021 vemos que se realizó una inversión de $1,6 billones de pesos a través de 29.081 contratos, esto excluyendo los 5 contratos del empréstito. Así, el 96,5% de los contratos celebrados por contratación directa corresponden a contratos de prestación de servicios, es decir, en su inmensa mayoría son personas vinculadas para apoyar la gestión de las secretarías.

Aunque este modelo de contratación no es malo ni ilegal en sí mismo, lleva preguntarse acerca de la eficiencia en la operación de la administración, sobre todo cuando se analiza junto a otro dato, según el cual la duración promedio de esos contratos de prestación de servicios es de tan solo 3,6 meses. Y al considerar el porcentaje de contratación bajo régimen especial, donde se encuentran los convenios y contratos interadministrativos, se registra que casi el 70% de los $1,6 billones de pesos contratados en 2021 corresponde a contratos de prestación de servicios y contratos bajo régimen especial.

Hoy la regla general de la licitación parece haberse convertido en la excepción, por lo cual debemos impulsar nuevas formas de participación ciudadana y despertar el interés de los ciudadanos por estos temas. Ahora más que nunca tenemos la posibilidad de pasar de la indignación a la acción.

Interesarnos por lo público es un deber ciudadano y recuperar la institucionalidad es un trabajo de todos a partir de nuevas formas de participación y control. Solo involucrándonos podremos obtener resultados diferentes que alimenten el debate público y activo para romper el monólogo adormecido que recibimos desde quienes administran la ciudad y disponen de los recursos que pertenecen a todos nosotros.

Necesitamos que la herramienta del conocimiento e información actúe como movilizador de cambios en la sociedad frente a la contratación pública y la inversión del recurso público. Conectémonos con lo público, informémonos y exijamos juntos porque la información está ahí.

No olvidemos que lo público es de todos y entre todos debemos cuidarlo.