Con el agua al cuello

Les llegó la hora a generales y coroneles para tener que responder por los crímenes conocidos como ‘falsos positivos’. Sin duda, uno de los capítulos más vergonzosos y degradantes del conflicto colombiano. El fiscal Eduardo Montealegre se tomó en serio la investigación y se propuso llegar a las cabezas responsables de instigar, forzar y presionar a sus subalternos para producir bajas, ejecuciones de civiles a manos de uniformados. De los mil procesos que están abiertos ya fueron condenados 817 militares, la mayoría miembros de la Fuerza Pública de base pero también hay capitanes, tenientes, coroneles y 22 generales. Los primeros cuatro, el excomandante de las Fuerzas Militares Mario Montoya a la cabeza, tendrán que responder en la Fiscalía por sus actuaciones. Los resultados que se han obtenido son producto de un cambio en el modelo de investigación liderado por el propio Montealegre. Desde su llegada se propuso analizar el caso de los falsos positivos y sus distintos modus operandi y entenderlo sobre la base de la teoría de delitos de sistema y establecer con evidencias si existía o no sistematicidad y no se trató de un conjunto de hechos aislados. La Fiscalía ha ido confirmado lo primero. De allí que el fiscal Luis Fernando Zapata, quien investiga el comportamiento del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina en Antioquia, se atrevió a afirmar hace un par de meses en la audiencia contra sus cabezas que éste se “convirtió en un grupo sicarial dedicado a la consecución de víctimas para presentarlos como muertos en combate”. Zapata apoyado por Fabio Rebollón, otro fiscal de la misma Unidad de derechos humanos, ha logrado armar un prontuario de 36 hechos en los que murieron 71 personas en un año y medio de acciones en manos del Batallón Pedro Nel Ospina. Los relatos son espeluznantes. Tan se trataba de un comportamiento sistémico dentro de la institución, que el Batallón cuya cúpula está hoy detenida, fue condecorado en el 2006 por haber registrado el mayor número de bajas del país. El mando lo tenía el coronel Édgar Emilio Ávila Doria quien terminó premiado, iniciando con esta cadena de ejecuciones extrajudiciales una carrera de ascenso que lo llevó a ser el decano de la Facultad de derecho de la Universidad Militar, de donde salió para la cárcel. Está detenido junto al resto de la cúpula en la Yarumita acusados de ser coautores de los crímenes y haber dado las órdenes que dieron lugar a los 71 asesinatos atroces que están documentados. La demostración de que se trató de un entramado de hechos que respondía a un plan de acción en el que los oficiales se limitaban a pedir bajas sin averiguar cómo se obtenían, dejaría muy mal parado al Ejército especialmente durante los tres años finales de Uribe con Juan Manuel Santos como ministro de Defensa. Santos sabe la gravedad de las acusaciones que vienen en camino y por eso no descalificó como era costumbre hacer por todos los gobiernos, el drástico informe que acaba de presentar en la misma línea Human Rights Watch. Las investigaciones de la Fiscalía están encaminadas a romper con evidencias el secretismo militar del que se han ufanado los militares para vivir con el peso de su conciencia pero sin la lupa de la sociedad y el país encima.