El salchichón y la gaseosa

Lejos de aquella amenaza revolucionaria que asustó a muchos, empezó el Gobierno de Petro con un sacrificio que todos esperaban: la reforma tributaria y las propuestas para conseguirle más plata al Estado. Con ello, el país vuelve a la realidad, reconoce que los problemas no son de un solo gobierno y abre una discusión en la cual el clientelismo tradicional que reparte ministerios y puestos para sellar las alianzas será clave para aprobarla.

A partir del lunes, el debate se centró en cómo hacer para conseguir más impuestos que graven a los mismos. Es decir, cómo demostrar que los pobres clase media de Colombia son ricos si tienen ingresos de diez millones mensuales, así tengan que educar dos o tres hijos, pagar su vivienda, tener vacaciones, y ahorrar para su futuro, lo que los hace sujetos de la gran clavada que significará el aumento de sus impuestos.

El país también está enfrascado en la discusión sobre si las bebidas azucaradas, en especial las gaseosas, son o no veneno; si el salchichón es dañino; si el ponqué ramo, las galletas ‘cucas’, el manjarblanco, el pandebono y un largo etcétera son productos que deben ser encarecidos mediante impuestos no para generar más ingresos al fisco si no para evitar su consumo como dice el presidente Petro por el daño que causan en la salud.

Tocó ver entonces al Ministro de Hacienda explicando su propuesta ante la Andi en Cartagena. Diciéndole a los empresarios que necesita $25 billones de ingresos y que eso no es negociable, pero que le ayuden a buscar alternativas para conseguirlos. Por supuesto, en el Centro de Convenciones se oyeron suspiros y sonrisas y promesas de colaboración al escuchar algo que un año antes les generaba protestas, reclamos y reacciones contra el intento de poner más impuestos a la actividad empresarial y formal.

Y nada de Fecodes, sindicatos oficiales que están hoy en silencio mudo, aguardando quizás a que no les metan la mano a sus prebendas, a los permisos sindicales ilimitados otorgados a funcionarios públicos y pagados por el Estado, o a las pensiones excepcionales que son financiadas con los impuestos que pagan todos los colombianos. Nada que ver con la revolución que quisieron armar el 28 de abril del 2021, con la cual destruyeron a Cali.

También se habla, aunque en voz baja, de los recortes en la nómina oficial inútil y costosa que se realiza a través de los contratos de prestación de servicios. Es el reparto clientelista con el cual satisface la voracidad de sus aliados, contratando miles de personas por tres meses.

Todavía no se ha mencionado lo que harán para detener la corrupción que según el excontralor Edgardo Maya se queda con $50 billones de los ingresos públicos por año. Ni se ha mencionado la realidad de la economía colombiana, el 45% de la cual es informal, la que exporta mil doscientas toneladas de cocaína y produce centenares para abastecer el país, de la marihuana, el basuco y todas esas porquerías que algunos quieren legalizar.

Todo eso, aún no se ha tocado, por lo cual hay que clavar aún más a las rentas de trabajo que son fáciles de detectar y de retener y un poco a las empresas, aunque no mucho, para que no dejen de ser competitivas. Lo cual nos indica que aún estamos en la normalidad, echándole la culpa al salchichón y la gaseosa para poner a los estratos de menos ingresos a pagar más impuestos. Y que aún no ha llegado la revolución.

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