La autorreforma de la Corte Suprema

La masacre ocurrida entre la toma y la contratoma del Palacio de Justicia hace ya 38 años produjo un efecto que aún se siente en el ambiente nacional, para que nos demos cuenta de lo prolongadas que pueden ser las consecuencias de las malas decisiones humanas: se destruyó la base de conocimiento que daba a la rama judicial un enorme prestigio y transmitía tranquilidad sobre la transparencia y profesionalismo de sus decisiones.

El golpe asestado a la justicia en 1985 se llevó a toda la Sala Constitucional y casi la totalidad de la Sala Penal que es a la que me quiero referir. En la toma y la retoma fueron asesinados cuatro de los ocho magistrados que la componían: Alfonso Reyes Echandía, Fabio Calderón Botero, Pedro Elías Serrano y Darío Velásquez Gaviria. Al otro día murió de un infarto al recibir la noticia de la masacre, Dante Luis Fiorillo.

Hernando Baquero Borda no alcanzó a sobrevivir a sus compañeros nueve meses porque lo asesinó la mafia en julio de 1986. Luis Enrique Aldana murió en 1987. El único sobreviviente real terminó siendo Gustavo Gómez Velásquez. La Sala Penal de la Corte tuvo que recomponerse casi en su totalidad, de la sangre y las cenizas.

Pero nunca lo hizo al nivel de excelencia que tuvo esa Sala víctima de 1985. Vino un periodo de transición con una Corte de relevo en la que hubo gente muy destacada, para mencionar injustamente solo a algunos, con personas como Ricardo Calvete Rangel, Carlos Mejía Escobar y Fernando Arboleda Ripoll. Golondrinas que no hicieron verano.

En 1991 la reforma constitucional le dio un golpe adicional a la Corte infectándola de funciones electorales y obligando a que la selección de sus magistrados estuviera intermediada por el Consejo Superior de la Judicatura. Se trataba, decían, de acabar con la cooptación por antidemocrática. Buscaban resolver el problema que no existía porque con la cooptación siempre se eligieron magistrados del más alto nivel. Pero el argumento demagógico era indudablemente fuerte, así nos haya dejado la amargura de haber tenido ex presidentes de Corte condenados, presos y fugitivos por corrupción, algo que, si bien especulo, jamás hubiera sucedido en una Corte Suprema presidida por Alfonso Reyes Echandía.

Luego, en 2004, entró en vigencia del sistema penal acusatorio, basado en una ley hecha de afán y mal redactada, que hubiera podido ser corregida por la Corte ejerciendo sus facultades de unificación jurisprudencial, pero ya el daño estaba hecho y la calidad y consistencia de la jurisprudencia era solo un tenue ruido de fondo del pasado. Hoy hay jurisprudencia para todo y una cantidad de pronunciamientos diseñados para que las cosas no funcionen, como el enredo que se armó al equiparar (o mejor confundir) allanamientos a cargos con preacuerdos. O las abstrusas razones que se han dado sobre la prescripción del delito de fraude procesal que se ha vuelto en imposible con base en la teoría de que la prescripción no ocurre mientras el delito produzca efectos. Este año salió una sentencia que decía una cosa en febrero y otra en mayo.

Pero hay esperanza de que la Corte haya decidido autorreformarse escogiendo entre candidatos cuyo calado intelectual no está en duda, que proceden de la academia y del litigio, llevando visiones más integrales del trabajo legal, más modernas y actualizadas.

La diversidad de trayectorias nunca fue en desmedro de su trabajo con la cooptación.

Hay muchos temas pendientes de consolidación en decisiones que hagan efectivas las normas, sin caer en la tentación de legislar por jurisprudencia, asumiendo responsabilidades que son del Congreso.