Nos unimos o nos hundimos

Nos unimos o nos hundimos. Esta frase la acuñó hace algún tiempo Mario Fernando Prado y es, tal vez, la forma en que podremos destrabar la primera y única obra 4G que desde hace cinco años espera el departamento del Valle del Cauca: la vía Mulaló-Loboguerrero. Esta obra se está sumando a la lista de proyectos viales necesarios y urgentes para el país, pero que se quedan en interminables líos administrativos, poniendo en riesgo los $1,9 billones de inversión (precios a diciembre de 2020) en su ejecución.

No hay derecho a que esta obra siga envuelta en la incertidumbre y en la falta de decisión institucional, pues se trata de un corredor vial que no solo va a mantener al Valle del Cauca a la vanguardia en infraestructura en el país, ahorrando 52 kilómetros entre Cali y Buenaventura, sino que permitirá fortalecer la movilidad hacia y desde este principal puerto en el Pacífico, con los impactos positivos que esto traerá para toda Colombia.

Esta vía, que además hace parte de la conexión Pacífico - Orinoquía, está proyectada para realizar el cruce de la cordillera Occidental, con una extensión de carretera de 32 kilómetros, de los cuales 28,22 serían en calzada sencilla, 3,92 en doble calzada, y tendría 5 túneles y 45 puentes vehiculares. El diseño de la obra inicia en el corregimiento de Mulaló, en el municipio de Yumbo, cruzando Pavas en el municipio de La Cumbre y finalizando en Loboguerrero, en el municipio de Dagua; territorios agrícolas que podrán, gracias a ella, tener mayor accesibilidad. Como parte de los proyectos priorizados en el Plan Maestro de Transporte Intermodal, Pmti, se prevé que su construcción permita una reducción de 1% en los costos del transporte de exportación, que aumenten 8% las exportaciones agrícolas y 7,8% las manufactureras.

La importancia estratégica de este proyecto no está en discusión. Es evidente su aporte al crecimiento económico, desarrollo social e impulso a la productividad y la competitividad del Valle del Cauca y del país; además de generar un aporte significativo a la reactivación económica de la región, pues en su fase de construcción podría generar hasta 1800 empleos directos.

Con acta de inicio firmada en 2015, desde 2017 se han presentado un sin número de informes a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, y $298.000 millones de pesos ya han sido invertidos en estudios, interventorías y gastos similares. En lo ambiental, estamos a la espera de que se resuelvan los tres recursos de reposición que se han interpuesto, entre ellos uno del concesionario. Una vez la Anla resuelva los requerimientos, la licencia quedaría en firme. Recientemente el concesionario instauró una demanda ante el tribunal de arbitramento para la terminación, liquidación y reversión del contrato, que le fue adjudicado en diciembre de 2014.

El llamado es a la unión; a que nos sumemos todos en torno a este proyecto: Gobierno departamental, Bloque Parlamentario, ProPacífico, gremios y sociedad civil, para pedirle al Gobierno Nacional, a los ministerios de Transporte y de Medio Ambiente, a la Anla, la ANI y al concesionario Covimar, que con pensamiento de país y que priorice el interés común, se busquen soluciones y se rectifique el rumbo del proyecto para que, de una vez por todas, empiece su construcción y se lleve a término.

Colombia y el Valle del Cauca no pueden darse el lujo de no hacer o seguir atrasando un proyecto de esta envergadura, máxime en el momento cuando más debemos impulsar y diversificar la canasta exportadora y seguir mirando hacia Buenaventura y al Pacífico como ese mar de oportunidades.
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