Vicio y virtud

Noviembre 29, 2022 - 11:35 p. m. 2022-11-29 Por: Gustavo Moreno Montalvo

Colombia ha sido proteccionista desde la post guerra. Durante la transición del campo a la ciudad, entre 1945 y 1970, ello tenía justificación conceptual: era necesario promover oportunidades para la población urbana e impulsar la industrialización para construir estamentos profesionales.

El proceso de devaluación paulatina establecido en 1967 por Carlos Lleras se mantuvo hasta 1990. Hubo breves momentos de apertura bajo Laureano Gómez y Julio César Turbay, pero sin flexibilidad cambiaria, y la oportunidad de reducir protección en los últimos dos años de López Michelsen no se aprovechó, quizás por el sesgo llerista del ministro A. Espinosa, pese a que el presidente había descrito con preocupación al país como el Tibet de Sudamérica.

El atraso nacional hizo que el colapso a principios de los 70 de las instituciones, convenidas por los aliados en Bretton Woods en 1944, no tuvo relevancia en nuestra economía. Colombia sufrió serias restricciones por la crisis de la deuda latinoamericana de los 80, debida a incapacidad de los gobiernos para pagar deuda a la banca comercial que les había prestado excedentes provenientes de las economías petroleras.

El primer intento de apertura integral, con modernización del sistema financiero, flexibilidad cambiaria y reducción radical de impuestos arancelarios tuvo lugar en 1990, bajo César Gaviria, con la batuta de Rudolf Hommes y Armando Montenegro. Desde entonces han proliferado diversas medidas de protección no arancelaria, cuyo efecto hoy es, en el agregado, similar al de impuestos a las importaciones antes de la apertura.

La política proteccionista impone techos bajos al crecimiento económico, en esquema de círculo vicioso en la relación entre Estado y empresarios, a expensas del bienestar de la comunidad. La asignación eficiente de recursos escasos se logra si se aprovechan ventajas comparativas frente a la circunstancia de otros posibles proveedores de bienes y servicios: se debe centrar esfuerzos en actividades sostenibles identificadas en las regiones. Son ellas quienes compiten en la economía global. Por esta razón se debe revisar la articulación entre gobierno central y periferia. La diversificación de la canasta exportadora debe llevar a que la suma de exportaciones e importaciones pase de 35% del producto interno bruto del país hoy a 70% en tres lustros.

Se deben aprovechar los hidrocarburos para crecer el ingreso y robustecer las finanzas públicas, pero el resto de las exportaciones debe aumentar su participación de manera muy importante para que haya crecimiento rápido y la tasa de cambio sea menos inestable, dado que los precios del petróleo son volátiles.

Es clave, además de apertura comercial, poner fin a la desvinculación perniciosa entre remuneración al empleo formal y la financiación de la salud. También se debe simplificar de manera radical el Estatuto Tributario, para suprimir beneficios a sectores específicos y mantener el recaudo con tasas de referencia más bajas para las sociedades comerciales. Es preciso reconocer que la confianza de los inversionistas no se logra con dádivas y preferencias, sino con eficacia institucional en diversos frentes: seguridad, justicia, salud y educación. La iniciativa no debe corresponder solo al Estado: la tarea exige esfuerzo de toda la sociedad para aumentar la productividad. Hay que romper el círculo vicioso y convertirlo en virtuoso. Las cartas están sobre la mesa.

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