La salud amenazada

Desde la Ley 100 los servicios de salud pasaron de cubrir una proporción pequeña de la población a atender en la práctica a la totalidad. Aunque hay deficiencias y errores, cabe resaltar que la atención es parecida a la de países desarrollados, con un costo per cápita mucho menor. Preocupa, sin embargo, que el sistema está amenazado. Un evidente peligro es la impreparación de la rama judicial para aplicar límites legales a la cobertura. Así, cualquier tratamiento, aunque tenga altísimo costo, muy baja probabilidad de éxito y muy poco impacto en la vida del paciente y su aporte a la sociedad, se vuelve derecho fundamental. Como consecuencia, la plata no alcanza para la atención básica a los más necesitados. Otro riesgo es el deficiente diseño del Estado, que fomenta corrupción e ineficiencia: el déficit acumulado de la Entidad Promotora de Salud Caprecom, fortín de politiqueros reconocidos, suma un billón. Numerosas Instituciones Prestadoras del Servicio del orden municipal o departamental son víctimas de saqueo sistemático. La Superintendencia de Salud sigue el ejemplo de Servicios Públicos y se obstina en administrar las entidades intervenidas; la EPS más grande, Saludcoop, le consume toda la energía. En contraste, cuando la Superintendencia Financiera interviene procede a liquidar, y la Ley de Servicios Públicos estableció un mecanismo fiduciario para evitar que el vigilante administre en el sector cuando la liquidación no sea aconsejable.El insuficiente desarrollo económico y social también preocupa. Las proyecciones iniciales apuntaban a una proporción de trabajo informal cercana a un tercio de la población económicamente activa. Hoy es prácticamente la mitad. A medida que la población envejezca, el costo per cápita del servicio será mayor, en tanto que el aporte de los ancianos a la sociedad es muy escaso. Para enfrentar este problema es preciso aumentar mucho la productividad, para lo cual tenemos grandes oportunidades: el valor agregado por hora trabajada en Colombia es un séptimo del equivalente en Estados Unidos. El cambio exige estrategias integrales, fáciles de identificar pero escasas en formulación y ejecución. Por su parte las EPS, creadas para promover y prevenir, concentran su energía en recaudar del Estado y evitar incurrir en costos improcedentes. Si cumplieran su tarea el costo bajaría, la calidad de vida mejoraría, y se haría más sostenible el sistema durante un tiempo. Se entiende que la gestión de salud es perversa, porque el acierto aumenta el costo a largo plazo, con la mayor longevidad.Otro problema grave: todo depende de quién sea el Ministro. Alejandro Gaviria comenzó con un proyecto de ley equivocado, pero rectificó su curso; ha desmontado el imperio del sobreprecio por los proveedores internacionales, normalizado las finanzas del sector y depurado algo el sistema. Sin embargo, no borra la memoria de Diego Palacio, quien en siete años no hizo lo que tocaba y jugó a la intriga. ¿Queremos que el sistema sea así de frágil?