Un problema latente

La renuncia del Ministro de Defensa era inevitable. Al margen de cómo fuera su desempeño al interior de su ministerio, bueno o malo, los mensajes que lanzaba a la opinión pública eran increíblemente desatinados, al nivel de lo impresentable. Un alto funcionario de Estado debe manejar un mínimo de discurso para liderar la política pública bajo su cargo y ganar el respaldo de la sociedad en la gestión de esa política. Ni lo uno ni lo otro era capaz el ministro Botero.

Tan mediocre era su desempeño y necesaria su renuncia que nadie ha comentado un aspecto positivo del debate. Por primera vez una moción de censura parecía que iba a tener efectos en el Congreso colombiano, señal al menos que el Ejecutivo no hizo uso de clientelas, contratos y repartijas a la clase política. Del ahogado el sombrero.

Ahora bien, Botero ya es historia pero el problema planteado por el senador Roy Barreras, el asesinato de menores de edad en medio de operaciones militares, sigue latente. Es, en realidad, un asunto tan viejo como la decisión de las guerrillas de reclutar sistemáticamente menores de edad. En muchas circunstancias, cuando el Ejército y demás fuerzas de seguridad se enfrentaban con las guerrillas, era imposible distinguir a los combatientes menores de edad.

Aunque es muy probable que en medio de bombardeos, emboscadas y combates, muchos menores hayan sido dados de baja, el problema no era visible porque ni el Estado ni las guerrillas estaban interesados en hacer pública la situación por razones obvias. Tampoco la prensa y la opinión, por alguna razón, estuvieron interesadas en poner los reflectores. Más aún, el recién fallecido sociólogo Alfredo Molano, autor de grandes libros sobre el conflicto, explicó que en las zonas rurales lo normal era que los adolescentes estuvieran listos para la guerra bastante antes de los 18 años. Así eran las cosas en el campo colombiano, según Molano en una columna.

Hoy en día las circunstancias son distintas y es muy positivo que el país se preocupe por los menores de edad en la guerra. No solo hay muchos, sino que es una práctica de la que las disidencias de las Farc, el ELN, las Bacrim y otros grupos continúan haciendo uso corriente. Y podría uno plantear la solución simplista de impedir bombardeos y el resto de operaciones militares con riesgo de afectar a combatientes menores de edad. Sin embargo, no es tan fácil.

Relajar las operaciones militares contra los actores armados que ejercen control territorial y tienen aspiraciones de incrementarlo, así ya no pretendan derrocar al Estado y se centren en la explotación de rentas criminales, conduciría a una mayor victimización de la población civil. El riesgo para los líderes sociales, funcionarios públicos, población comprometida con la sustitución de cultivos y, por supuesto, la infancia, se dispararía. En un escenario de regiones periféricas inundadas de hoja de coca y de ejércitos privados, los niños y los jóvenes terminarían arrastrados por la dinámica de las economías criminales y la guerra.

Es la gran paradoja del postconflicto y la voluntad política para darle un cierre: se necesita una enorme decisión para desmantelar unas organizaciones con alta capacidad militar, pero se corre un alto riesgo de daños colaterales en derechos humanos y corrupción, al tiempo que si se baja la guardia la situación de derechos humanos y corrupción puede ser peor.

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