Movilidad perversa

El problema de las ecuaciones marxistas para explicar cualquier realidad social es el supuesto que quien tiene el poder económico está en condiciones de subordinar a todas las otras formas de poder. Bajo ese supuesto quienes tienen las armas, quienes manejan la burocracia del Estado y de las empresas, quienes manejan las creencias religiosas, los valores morales y las modas cotidianas en una sociedad, son simples sujetos de dominación de quienes poseen el capital.

La evidencia se resiste a aceptar semejante simplificación de la sociedad. Quizá no haya mejor ejemplo, para el caso colombiano, de los límites que tienen los propietarios del capital que el del expresidente Santos. En alguna época, debido al éxito empresarial del periódico El Tiempo, los Santos fueron una familia adinerada dentro del contexto colombiano, pero para la década de los 80 ya estaban lejos de pertenecer al selecto club de los grandes ricos.

En ese entonces las principales fortunas estaban en manos de los dueños de los grupos económicos. Gente como Santo Domingo o Ardilla Lulle, propietarios del monopolio de la cerveza y la gaseosa, eran el verdadero poder económico. Sin embargo, Juan Manuel Santos, sin ser un súper millonario como mucha gente cree, pudo sortear sus limitaciones a partir de su influencia en los medios de comunicación. Y esta influencia ni siquiera obedecía en su mayor parte en ser propietario del periódico, sino que disponía de buenas relaciones dentro de la élite social que manejaba los medios de comunicación.

Años después, cuando fue presidente, llevó a cabo un proceso de paz en contra de la voluntad de una gran parte de la élite económica del país. Pudo hacerlo porque disponía de muchas otras formas de poder, como la opinión, la clase política y el respaldo del aparato estatal. Lo que demuestra que el poder del capital no tiene la primacía que se le suele atribuir.

El caso de Santos es paradigmático, pero en el día a día del funcionamiento de las burocracia estatal es notorio cómo personajes sin mayor dotación inicial de recursos, contactos sociales y, a veces, conocimientos, pueden acabar concentrando mucho poder. Y en muchos casos este poder no se corresponde a un desempeño eficiente, que genere valor agregado a la sociedad, sino a la pura manipulación de los funcionarios de carrera y de la clase política que define los nombramientos burocráticos.

El costo social del poder alcanzado por estos burócratas es enorme. Muchas de las tareas que el Estado debe cumplir con los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas al final no se hacen simplemente por situaciones de negligencia e incapacidad que no tienen control real en las estructuras burocráticas. Son difíciles de detectar, además, por su abundancia. Al punto que la explotación de las intrigas y pulsos de poder en la burocracia pública se ha convertido en una suerte de mecanismo perverso de movilidad social. Muchos colombianos ingresan a las clases medias y altas a costa de la eficiencia en la administración pública. Solo en casos extremos como el de Gustavo Castro, director de la revista Congreso, que fue grabado golpeando a una periodista y luego se supo que tenía un título falso de abogado, es que se hacen visibles.

Por eso, cuando muchos demagogos reclaman mayores impuestos y gasto público como medio de redistribución y movilidad social deberían pensarlo dos veces.
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