La tierra

Un efecto evidente del conflicto ha sido el proceso de concentración de la tierra a partir de su despojo violento. Sin embargo, el tema es más complejo que la simple restitución porque están en juego una serie de decisiones que competen no solo la reparación de los expropiados sino la definición del nuevo orden social y político del campo colombiano.El desafío para el gobierno es una política de propiedad rural que garantice suficiente producción de ingresos y empleos al tiempo que posibiliten al estado desplegar sus instituciones a lo largo del territorio. Si el gobierno restituye sin reparar en las inversiones necesarias para que el campo sea competitivo y su capacidad de ofrecer seguridad, el problema social en vez de apaciguarse tendería a agravarse.Aunque a raíz de los diálogos de La Habana la apuesta de Santos parecería ir en la línea de las zonas de reserva campesina, hasta ahora lo que ha mostrado es un fuerte impulso a las inversiones en extensas propiedades en zonas como la altillanura. En principio no es una mala idea. La llegada de grandes capitalistas al campo podría ser una salida. Con los suelos y las distancias de esta zona no hay otra opción a enormes inversiones en tecnología e industrialización agrícola.Tiene enormes ventajas en términos de modernización social. Pese a la resistencia natural de la izquierda es muy distinto el proceso de formación de una clase trabajadora rural cuando en vez de ganadería extensiva existen grandes empresas capitalistas. Los salarios, la formalidad y la propia infraestructura institucional que demandan estas empresas facilitan y financian el control del estado en el territorio.Pero ya comienzan a verse diferencias preocupantes entre lo propuesto y la realidad. El escándalo del embajador Urrutia y la forma como se adquirieron las tierras puede echar al traste todas las intenciones de modernización. La sola sospecha que se trate de un negocio para acaparar tierras a precios exiguos tiene el potencial de destruir cualquier intención, por honesta que sea, de invertir en grandes empresas agroindustriales en la altillanura. Y en el fondo todo es culpa de la ineptitud política de Santos.Me explico. El estado quiere que grandes inversionistas asuman los costos de modernización productiva de la altillanura pero no es capaz de lanzar un mensaje claro para resolver el tema de la gran propiedad. A cambio deja que solapadamente unos inversionistas con buena reputación, en apariencia libres de paramilitarismo y narcotráfico, utilicen maromas jurídicas para resolver el problema. Cuando todo parecía que iba a salir bien estalla el escándalo. Se sospecha que el negocio es la valorización de las tierras en sí y no su explotación productiva.Puede que exista una voluntad genuina de invertir en empresas agrícolas pero ahora sea cual fuere la intención real de los nuevos propietarios las posibilidades de inversión son remotas. Mientras no se resuelva el tema de las garantías de la propiedad ninguna firma va a gastar en adecuar los suelos, la maquinaria y demás tecnología. Y tienen razón puesto que eventualmente todo se puede perder si la justicia falla en contra.Por no hacer las cosas de frente el gobierno se tropieza con el peor de los escenarios. Sin empresarios que inviertan y sin campesinos con tierra. Y con un territorio inhóspito para ofrecer el servicio esencial del estado: la seguridad.