Es la derrota del Estado

La salida del director de la Dian, Juan Ricardo ortega, no ha recibido la atención que merece. Como tampoco lo ha sido que 12 funcionarios de la Dian hayan sido asesinados durante su gestión. Es un asunto de suprema gravedad. Las amenazas contra él, así como los asesinatos, son una amenaza directa a las funciones básicas del Estado. Es tan grave como una eventual renuncia del Comandante de la Policía o del Fiscal General debido a amenazas.Un paso antes de preocuparse por el bienestar de la población el Estado debe garantizar que es capaz de protegerla, de proveer justicia y de obtener los recursos suficientes para hacer todo lo anterior. Son sus funciones básicas. Si alguna de ellas falla las otras se verán afectadas y muy seguramente será muy difícil pueda ofrecer de manera eficiente los medios para que la población mejore sus condiciones de vida.De la protección se encargan las autoridades y fuerzas policivas, de la justicia los jueces y fiscales y de la creación de recursos las oficinas de impuestos, la Dian para el caso de Colombia. Por esta razón las amenazas y el exilio del Director de la Dian equivalen a una situación similar para la máxima autoridad de la Policía o de la Fiscalía.Lo más grave es además que quienes amenazan a Ortega no solo pretenden que el Estado no intervenga en la tributación a determinadas actividades económicas, muchas de ellas vinculadas a lavado de activos, sino que también pretenden suplantar al Estado. No son individuos, son organizaciones las que amenazan al director de la Dian. Su interés es cobrar impuestos a una serie de actividades económicas a cambio de ofrecer protección y eventualmente un marco regulatorio. Es decir, son organizaciones que pretenden asumir las funciones básicas del Estado.Según el propio Ortega en una entrevista a El Espectador: “En el país el 65% de las ventas se dan en tiendas de barrio, quien vende productos básicos se ve obligado a negociar con unos mayoristas que logran entrar a los barrios y estos por su parte deben pagarle vacunas a los Urabeños porque o sino no entra. Estas bandas criminales son las que garantizan que a las tiendas entren productos de contrabando y productos falsificados.” Así como las tiendas existen cualquier cantidad de actividades informales y criminales que son susceptibles a la regulación por organizaciones como los Urabeños. Basta mencionar que la mitad del trabajo en Colombia está en el sector informal.Tan serio es el asunto que si las Farc finalmente deciden firmar un proceso de paz la principal amenaza para el Estado va a ser el ejercicio de una autoridad paralela en manos de bandas criminales. Es el legado de más de tres décadas de guerra: organizaciones criminales que aprendieron a ser estados sin necesidad de ideologías sofisticadas. Su legitimidad reposa exclusivamente en su capacidad de amenazar pero también de proteger el funcionamiento de estos mercados, lo cuales son el único medio de supervivencia y de inclusión material de la mitad de la población.La solución a este problema no es sencilla pero de momento es urgente que el Estado recupere su capacidad de disuasión. No puede haber vacilación para capturar y castigar sin compasión a quienes amenazaron a Ortega y asesinaron a los 12 funcionarios. El mensaje debe ser implacable: si se desafía a los funcionarios del Estado no hay menor chance de sobrevivir.