1994 - 1998

El expresidente Samper acaba de ir por voluntad propia a la JEP y a la Comisión de la Verdad para dar su versión sobre la entrada de dineros a su campaña presidencial, lo que entonces se conoció como el escándalo del proceso 8000. Es positiva su iniciativa porque por ley no estaba obligado a asistir y sienta un precedente que invita a muchos otros actores de la vida política, empresarial y social del país a rendir sus versiones sobre lo ocurrido durante el conflicto. No contar nada da pie para que las teorías más descabelladas sobre eventuales responsabilidades en el conflicto tomen vuelo y compliquen aún más los procesos de reconciliación.

Pero, no obstante lo valeroso de la iniciativa de Samper, su versión no deja de ser un tanto decepcionante. Se centró en demostrar que él, como siempre lo ha proclamado, nunca estuvo al tanto de los dineros del Cartel de Cali que entraron en su campaña y en negar cualquier responsabilidad en el asesinato de Álvaro Gómez. Y también en reclamar que no utilizó su caso para llevar a cabo un proceso de “expiación colectiva”, en que él hubiera denunciado a muchos sectores de la sociedad y la política que lo acusaban por sus vínculos con el narcotráfico. Lo pudo haber hecho pero eso no le convenía al país.

Era de esperar que Samper proclamara su inocencia. Era la oportunidad de defenderse ante el tribunal de la historia. El problema es que es muy difícil, con las pruebas y testimonios disponibles, creer que Samper no estaba al tanto de la financiación ilegal de su campaña. De hecho, los dineros calientes en la política fueron una práctica frecuente en Colombia, al menos hasta bien entrado la década del dos mil. En consecuencia, para efectos de la historia que supiera o no supiera de la financiación del Cartel de Cali no es lo más sustantivo.

Lo que sí esperaba uno de Samper es que ofreciera una versión y una visión más profunda de la crisis política y de seguridad que atravesó el país durante su mandato (1994 - 1998). Todo lo expuesto tiende a justificar su inocencia y sus actuaciones como presidente. Quizá solo cuando la comisionada Marta Ruiz y la periodista María Jimena Duzán le preguntaron si el intento de negociación entre el exfiscal de Greiff y el Cartel de Cali fue la base del acuerdo para que los narcos financiaran su campaña, Samper se tomó la libertad de sugerir muy levemente que un sometimiento negociado era lo conveniente en ese momento.

No es un punto menor. Detrás del escándalo del proceso 8000 había una coyuntura política importante en la historia del país. El Estado acababa de dar de baja a Escobar, la corriente del narcotráfico que creía en la guerra contra el establecimiento, y tenía la oportunidad de resolver el problema de los carteles con una facción de los narcos conciliadora como la de Cali. Pero esa oportunidad no solo se truncó por el escándalo de la financiación ilegal de la campaña, sino también porque el cartel de Cali perdió el control del narcotráfico por la rebelión del Cartel del Norte del Valle, que no creía en abandonar el negocio, y porque los Pepes se transformaban en las AUC y las Farc aprovechaban la debilidad del gobierno para escalar el conflicto.

El interés del período 1994 - 1998 rebasa la defensa con uñas y dientes que hizo Samper para mantenerse en su cargo y exige profundizar cómo la crisis política de su gobierno condujo a los peores años del conflicto.

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