Gobernar en favor de la gente

En Colombia, de acuerdo a la Constitución Nacional, el Presidente de la República, los gobernadores departamentales y los alcaldes municipales, todos ellos elegidos por voto popular, tienen el deber democrático de gobernar para la gente y no a favor de sus copartidarios políticos, amigos o familiares.

Gobernar en favor de la gente significa siempre procurar la coordinación y colaboración interinstitucional con las demás instituciones del Estado y mucho diálogo social con la población urbana y rural a través de sus voceros y representantes. Tienen razón los gobernadores y alcaldes que han venido demandando del gobierno nacional una política pública de diálogo y colaboración con las regiones, particularmente la relacionada con la lucha contra todas las expresiones de violencia y la búsqueda de soluciones a los diversos problemas sociales de la gente.

Como exvicepresidente de la República, considero que es un error aplicar la política del silencio o de las descalificaciones a los reclamos que, con todo derecho democrático, vienen haciendo actualmente los gobernantes regionales o locales.

Mi experiencia como exgobernador del departamento del Valle del Cauca, del 2004 al 2007, me enseñó que en los cargos de gobierno tenemos que procurar mecanismos de diálogo con los diversos sectores de la población y a decir “sí” a lo que se puede cumplir y “no” a lo que no se pueda realizar.

En ese entonces, siempre procuré, en medio de las diferencias, tener un comportamiento de respeto y colaboración armoniosa, tanto con el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, como con cada uno de los 42 alcaldes municipales, sin preocuparme por sus preferencias electorales o políticas, porque sencillamente primero estaban los intereses y necesidades de los habitantes del Valle del Cauca.

Esa experiencia, de respeto y colaboración recíproca, fue la que me permitió realizar, en cada uno de los municipios del Valle del Cauca, una política de diálogos sociales municipales, con presencia de los alcaldes, concejales, algunos diputados departamentales y voceros de las comunidades urbanas y rurales. Fruto de los mismos, se lograron firmar más de 6500 acuerdos con compromisos públicos, bajo la figura ciudadana de que ‘todos ponen’. De esa positiva experiencia democrática, pueden dar fe los exalcaldes municipales de ese entonces y la población urbana y rural en esos municipios.

Anoto que, a cada uno de los compromisos plasmados en las actas firmadas, desde la propia gobernación y en coordinación con los respectivos alcaldes, se le hizo un seguimiento y control a fin de asegurar el ciento por ciento de cumplimiento.

En ese propósito, también es justo reconocer los aportes de sectores empresariales y sociales, como el Comité de Cafeteros, las Cajas de Compensación Familiar, la iglesia católica, los sindicatos, juntas comunales y numerosas empresas relacionadas con la industria del azúcar, de las bebidas, los alimentos y del transporte, entre muchas otras.

Reitero que tanto el Presidente de la República, como todo su equipo de gobierno, tienen en los gobernadores, alcaldes y en los sectores sociales y empresariales a los mejores aliados para el éxito de su gestión de gobierno al servicio de la gente, tanto en la aplicación de su plan de desarrollo como en la ejecución presupuestal.