Federalismo o disolución

Los gobernadores de Colombia se reunieron en Rionegro, Antioquia, para celebrar los ciento cincuenta años de la Constitución expedida en esa ciudad tras la guerra civil protagonizada por el general Tomas Cipriano de Mosquera. La Carta mencionada creó los Estados Unidos de Colombia, una federación de entidades territoriales que gozaban de un grado importante de independencia y retenían la capacidad de proveer a los ciudadanos las garantías y servicios propios de un Estado.

El propósito de los gobernadores durante el encuentro aludido fue también, el de reconocer ante el país que la estructura administrativa centralista hoy vigente es incapaz de llevar a los territorios desarrollo, seguridad, servicios esenciales y todo lo que un Estado funcional debe proveer. El asunto tiene especial importancia cuando existe consenso en el sentido de que la paz verdadera debe construirse desde los territorios.

Pero los dos últimos gobiernos tan comprometidos con la construcción de esa paz integral nunca afrontaron el hecho de que tal propósito es inviable si no cambia la manera como los territorios se relacionan con el poder central. Un poder lejano e ineficaz, corrompido en buena medida por la mermelada y ajeno a las necesidades de la periferia. Un poder que depone sus responsabilidades esenciales y limita su función a dar seguridad mediante una fuerza pública hoy neutralizada, o mediante el empoderamiento de milicias ingobernables. Como si la cuestión de fondo no fuera llevar a los territorios educación, salud, justicia, protección del ambiente, vías y empleos. En una palabra: progreso.

Lo peor es que vamos para atrás en la materia. Si bien la nueva Constitución definió nuestra nación como un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, pero descentralizado y con autonomía de sus entes territoriales, el poder central ha venido creciendo en los últimos años, sustrayendo mayores recursos y competencias en perjuicio de las regiones.

Según el estudio presentado en Rionegro mientras antes de 1991 los municipios y departamentos manejaban el 30% de los impuestos del país, hoy solo gestionan el 20%. De otra parte, en expresión del exministro Amylkar Acosta de las 25 competencias que la Constitución estableció para el Estado, 15 quedaron en el Gobierno Central y solo diez pasaron a las regiones, pero sin los recursos necesarios.

El encuentro de Rionegro generó consenso con relación a algunas reformas referidas al sistema de participaciones, el ordenamiento territorial y la cesión a los departamentos de ciertos gravámenes ahora atribuidos a la Nación. Sin embargo, la declaración final terminó siendo nebulosa, falta de toda fuerza y no formuló propuestas concretas sobre las reformas estructurales requeridas en materia de descentralización y desconcentración del Estado. Menos aún se contempló la eliminación del centralismo extractivista y arruinador, o la migración hacia un sistema federal. Al efecto debe recordarse que el federalismo supone la autonomía de los territorios incluyendo el ejercicio de la función legislativa, mientras a la par se restringen las facultades del poder central.

El dilema es claro: si no avanzamos en un proceso de descentralización real que incluya formas organizativas de tipo federal, nuestro futuro estará signado por la guerra, la pobreza y la eventual disolución.