En caso de duda

Pocas entidades tan importantes como la Fiscalía. Le corresponde investigar hechos delictivos y de hallar mérito acusar a quien los habría cometido ante jueces y tribunales. Es fundamental en la lucha contra el crimen, en la garantía del orden y la estabilidad de la Nación. Para ello cuenta con un equipo robusto de 23.000 funcionarios distribuidos en 35 seccionales. Un instrumento de enorme poder para hacer el bien o hacer el mal.

La del Fiscal es una de las responsabilidades públicas más exigentes, junto con la de los jueces y magistrados, pues en materia penal no debería existir margen de error, dado trata con la vida, honra y bienes de las personas, y el patrimonio estatal. Es fácil acabar con el buen nombre de alguien y tan difícil resarcirlo si termina siendo inocente. La historia de la humanidad está plagada de incriminaciones injustas; Colombia no es la excepción.

Elegir Fiscal es tan significativo como elegir Presidente. Con un factor adicional: las políticas del Ejecutivo encuentran contrapeso en el Congreso, las Cortes y órganos de Control. El Fiscal es prácticamente autónomo al acusar; casi omnipotente. De ahí que se deba velar porque en su actuar esté desprovisto de sesgos políticos e ideológicos: su única finalidad debe ser la de aplicar con rigor e imparcialidad la ley penal existente, ser un operador de la justicia.

Pero ese no ha sido el caso. Contadas excepciones, los Fiscales se obnubilan con el poder y estando en el cargo se les exacerba la ambición política; confunden la credibilidad de una gestión -cuando la tienen- con aspiraciones electorales y terminan convirtiendo a la entidad en un instrumento para perseguir o proteger según convenga, acrecentando la desconfianza en la maltrecha Justicia; uno de los peores daños al Estado de Derecho.

La Fiscalía está en el ojo del huracán. No solo por la investigación al hijo del Presidente sino por la probable apertura de una en contra de los directivos de su campaña, siendo el candidato elegido el primer respondiente. De ahí el afán del Gobierno en que la Corte elija rápido, pues en el fondo le apuesta a que quien sea escogido, le eche agua al fuego. No de otra manera se entiende lo descompuesto del Mandatario y la presión indebida.

Si el exfiscal Barbosa se excedió en grandilocuencia y calificativos, tendiendo dudas innecesarias sobre decisiones de fondo, no es claro que de elegirse a Amelia Pérez, la cosa mejore. La suya es una trayectoria valiosa en Derechos Humanos en especial investigando casos de paramilitarismo; de esas pesquisas su amistad con el Ministro de Defensa. Hasta ahí pareciera no haber mayor lío salvo su estrecha e inconveniente cercanía al Gobierno e interés en ciertos casos.

El problema surge, por las suspicacias que dejó su actuación como Fiscal del atentado en El Nogal cuando pareciera no haber querido incriminar a las Farc existiendo razones para hacerlo y al conocerse algunos de los trinos de su esposo, petrista recalcitrante, en contra del proceder de la Corte Suprema, de la reciente captura de Nicolás Petro por parte de la Fiscalía, y de dos aguerridas periodistas a las ha osado tildar de “escoria”.

Dirán que la apartaron de aquel caso sin razón y no es relevante lo que diga su esposo. No es así, los hechos probarían que fue las Farc, y lo dicho por su pareja -con quien seguro comparte no solo la cotidianeidad, sino ideas, posturas y valores- es delicado. Lo que menos se necesita es un Fiscal de bolsillo y cargado de odio, sea hombre o mujer. Se requiere de una persona por encima del bien y del mal, que inspire independencia, respeto y confianza. La Corte debe examinar con sumo cuidado el paso que está por dar.