Ocde-sgracia

La ley marco de la Salud elevó a la salud en Colombia al rango de derecho fundamental autónomo. El derecho a la salud adquirió así un reconocimiento superior a derechos que no tienen esa categoría en la ley, como son los derechos a la vivienda, a la educación o al trabajo. Sin embargo, el Ministerio de Comercio, por presión de la Ocde y sin competencia ni conocimiento en la materia, ha decidido afectarlo emitiendo un decreto para intervenir en las declaratorias de interés público de los medicamentos que busca bloquear las que puedan reducir los precios de algunos medicamentos para el sistema de salud. En otras palabras, un decreto que servirá para privilegiar las ganancias de compañías basadas en países Ocde sobre el acceso de los colombianos al derecho fundamental a la salud.

Este desaguisado, que costará cientos de miles de millones en sobreprecios de medicamentos, es apenas otro de los sacrificios en los que Colombia está incurriendo para entrar a la Ocde. Porque las ‘recomendaciones’ de ese ‘club de países ricos’ son de toda clase. Algunas corresponden a obvias necesidades ya diagnosticadas, como reducir la desigualdad, mejorar la infraestructura, diversificar la canasta exportadora o revisar el sistema pensional. Pero muchas son muy preocupantes y debieran estudiarse con cuidado porque pueden causarle graves daños al país.

Entre estas últimas están las que plantean abrir más la economía y reducir indiscriminadamente los aranceles aún más, así como flexibilizar más los mercados de servicios. O las que cuestionan nuestros exiguos apoyos a la producción agrícola (US$3 mil millones en 2015), mientras los apoyos al agro pasan de US$211 mil millones al año en los países de la Ocde y llegan a US$307 mil millones en China. O las que critican el ‘alto’ salario mínimo colombiano, al tiempo que los países Ocde siguen sin ratificar tratados esenciales de la OIT que Colombia acoge con gran celeridad, como es el caso de Estados Unidos que ha ratificado apenas 14 de 189. O los informes económicos que han recomendado incrementar en Colombia algunos impuestos como el IVA, tanto en valor como en alcance, y proponen que cubran servicios como educación, electricidad y transporte.

En el proceso de adhesión, los técnicos ‘imparciales’ de la Ocde -que no son más que burócratas del mundo desarrollado que despachan desde París- recomiendan cambios en la legislación y políticas nacionales. Recomendaciones ‘voluntarias’ que en muchos casos los países ricos no adoptan, pero que para los pobres como Colombia se vuelven obligatorias. En virtud de ellas, deberemos atender 250 instrumentos legales de la Ocde, desde decisiones expresamente obligatorias hasta acuerdos no vinculantes (que con seguridad obedeceremos a rajatabla), sobre los más diversos temas.

Es grave que, para pertenecer a la Ocde, Colombia se esté embarcando en normas y obligaciones cuyo costo no está claramente determinado, pero que evidentemente será monumental y potencialmente muy dañino para su futuro desarrollo. Como lo es que lo esté haciendo sin que, fuera de babosas especulaciones de carácter general, exista un sólo estudio que cuantifique o, al menos, muestre beneficios concretos de esa afiliación. Pero lo que es una verdadera desgracia es que nadie, ni la academia, ni los empresarios, ni el Gobierno, se interese en estudiar con juicio los efectos y consecuencias de tan serio paso.