Liberando el Pacífico

Agosto 23, 2022 - 11:50 p. m. 2022-08-23 Por: Emilio Sardi

Los vallecaucanos aplaudimos que la primera salida de Bogotá del nuevo jefe de Estado haya sido a la cumbre de alcaldes del Pacífico que tuvo lugar recientemente en Yumbo. Como también aplaudimos sus manifestaciones de interés en el bienestar y desarrollo del Pacífico colombiano, cuya pobreza y falta de oportunidades son abismales. Ante índices nacionales de pobreza monetaria de 39,3 % y de pobreza extrema de 12,2 %, los del Chocó son 63,4 % y 33,3 %, respectivamente, situación similar a la de los 10 municipios del Pacífico nariñense, los 3 del caucano y Buenaventura.

Nuestro Pacífico ha sufrido el perenne abandono del centralismo estatal, y la participación del presidente Petro en la cumbre de Yumbo alienta la esperanza de que, por fin, el Estado se haga presente en la región con inversiones serias en vías de comunicación, en salud y en educación. Pero hay algo de aún mayor trascendencia que también debe ser arreglado para que la región progrese: su modelo de desarrollo.

Como afirmara el Presidente en esa cumbre, “el único pedacito del Litoral Pacífico de todo el mundo pobre, repobre, es el colombiano”. A lo que es preciso añadir que también el único pedazo del litoral Pacífico de América, desde Chile hasta Alaska, donde impera la propiedad colectiva de la tierra es el colombiano. En el resto impera la propiedad privada.

A raíz de la Ley 70/93 y disposiciones de igual laya, en el andén Pacífico colombiano se han titulado 5,5 millones de Ha como territorios colectivos de comunidades afrodescendientes y 2,8 millones de Ha como resguardos. Son 8,3 millones de Ha de propiedad colectiva, inembargable, inenajenable e imprescriptible, más del 70 % del área del Pacífico colombiano. Cuando se le añaden a esta inmensa área las de los baldíos y las de los parques naturales, es obvio que casi nada queda para la iniciativa privada.

Con ese tipo de propiedad, acompañada además de interminables consultas previas, es absoluta y permanente la incertidumbre que desincentiva y bloquea la inversión privada en proyectos o actividades de beneficio económico y social, local y regional. Además, el derecho a la propiedad de los habitantes de la región se ve severamente afectado, limitando su iniciativa y forzando su emigración a regiones donde sí puedan ser propietarios. Mientras esto no cambie, la comunidad seguirá sin opciones de vida dignas, dependiendo siempre de las limosnas que le arroje un Estado perezoso y cicatero.

Peor aún, ante la imposibilidad de impulsar proyectos de desarrollo legales, los ilegales –que no tienen control– aprovechan ese espacio. Por eso, allí reina el narcotráfico, junto con sus compañeros naturales, la deforestación y la minería ilegal. Donde no hay espacio para que la gente pueda vivir de una actividad legítima, se impone la ley del crimen. Y, con ella, la certeza de que nunca habrá paz.

Dentro de los derechos humanos de los habitantes del Pacífico colombiano están los económicos y sociales. No hay razón ideológica alguna que pueda justificar excluir a estos colombianos del desarrollo. Como todas las regiones, esta tiene derecho al bienestar fruto del crecimiento económico. Si el nuevo gobierno quiere realmente que la gente del Pacífico no siga condenada a la pobreza, a la ilegalidad y a la violencia, debe revisar el ruinoso sistema de propiedad colectiva que la ahoga y le impide lograr el desarrollo que merece.

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