El dictador Ortega contra la Iglesia

Desde las masivas protestas de abril de 2018, la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua inició una arremetida contra la Iglesia católica, acusándola de lavado de dinero, de traición a la patria y de promover un golpe de Estado. Un obispo fue condenado a 26 años de cárcel, decenas de sacerdotes y religiosos han sido capturados y unos 100 han huido al exilio o les han cambiado la cárcel por la expulsión del país y la pérdida de la ciudadanía. Además, la pasada Semana Santa prohibió las procesiones y actos públicos, calificándolos de manifestaciones antigubernamentales.

El más reciente de estos ataques es la toma y cierre de la Universidad Centroamericana (UCA), una de las más importantes del país y dirigida por los jesuitas, a la que el pasado martes 15 de agosto acusó de ser un centro de terrorismo y organizador de grupos delincuenciales, por lo que ordenó la expropiación de todos sus bienes y la revocatoria de su acreditación universitaria.

Si bien la expropiación a los jesuitas es claramente una venganza y un cobro de cuentas contra una comunidad religiosa y una institución que ha levantado su la voz contra las graves violaciones de derechos humanos y ha defendido su autonomía universitaria, no es el único caso. Antes de la toma de la UCA ya había sido cerrada la Universidad Católica Inmaculada Concepción, de la Arquidiócesis de Managua y la Universidad Juan Pablo II. También fueron cerradas universidades cristianas como la Adventista ((Unadenic) y la Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN).

La persecución no se ha limitado a instituciones vinculadas a iglesias. Desde diciembre de 2021, el régimen de Ortega ha clausurado y expropiado en total 27 universidades, incluidas 7 de origen extranjero. Se trata de una acción de represalia, puesto que las universidades fueron uno de los focos de protestas en 2018, cuando miles de personas se manifestaron contra el régimen de Ortega en unas movilizaciones sin precedentes, que según organismos de derechos humanos dejaron 355 muertos, más de 2.000 heridos, miles de presos políticos y llevaron al exilio a unos 100.000 nicaragüenses.

No deja de sorprender la saña de Ortega contra todo lo que le huela a cristianismo. Su formación fue con los jesuitas y hace tan solo unos años declaraba que “Soy revolucionario gracias a Cristo”. Además, un numeroso grupo de sacerdotes y religiosos tomaron parte activa en la revolución sandinista que derrocó a Somoza en 1979, entre los que destacaba Ernesto Cardenal, el sacerdote, poeta y místico de Solentiname, que fue Ministro de Cultura del primer gobierno revolucionario, pero que moriría desilusionado, como tantos otros, de la traición de Ortega a los ideales de la revolución.

Es cierto que Juan Pablo II fue junto con Reagan un ensañado enemigo del primer gobierno sandinista y de los religiosos que lo apoyaron, a punto tal que suspendió del sacerdocio a Ernesto Cardenal y persiguió a los seguidores de la Teología de la Liberación. Pero también es cierto que otra parte de la Iglesia se la ha jugado por los derechos de los pobres y marginados, hasta da su vida por ellos, como los cinco jesuitas asesinados en el Salvador por proclamar estos principios cristianos.

El comunicado de respuesta de la UCA a Ortega termina así: “Dios es quien tiene la última palabra sobre la historia y la tendrá también sobre Nicaragua”.