Ejecución pública

En el ejercicio de lo público, una forma para evaluar la gestión es ejecutar eficientemente los recursos asignados a las entidades locales, departamentales o nacionales en los presupuestos públicos respectivos. Y es importante, por cuanto para llegar allí y tener esa disponibilidad de recursos, previamente a que los recursos fueron apropiados en un presupuesto, ellos fueron pagados por los contribuyentes o financiados a través del servicio a la deuda, y, por lo tanto, supusieron dichos recursos apropiados pagos de intereses en muchos casos.

No ejecutarlos, no solo demuestra debilidades o incapacidades en la gestión pública, sino que genera inquietudes sobre la real necesidad del recaudo generado en esos recursos no utilizados y por ende de haber perdido opciones para ser invertidos más eficientemente, supone costos adicionales para las finanzas públicas, y de ser realmente necesarios los recursos, significa programas de desarrollo social o productivo frustrados.

Por eso la preocupación con los datos de cierre del presupuesto general de la nación del 2023, en el que la ejecución global es la más baja durante los últimos 20 años, salvo el año más duro de la pandemia (donde obviamente la posibilidad de ejecutar fue muy limitada). Pero con un agravante, y es que en el caso de la ejecución solo de la inversión pública (que es la verdaderamente relevante para motivar crecimiento y responder a necesidades de la gente), el resultado de ejecución es el peor en la historia reciente del país. Ni siquiera en pandemia se tuvieron niveles de inversión tan pobres. Dicho de otra manera, con este nivel de ejecución perdimos muchas posibilidades para crecer, para generar empleo, para desarrollar inversión social, para mejorar nuestra competitividad, para ser más productivos y para reactivar la economía.

Sorprende en estos últimos casos muy pobres ejecuciones en sectores claves de la economía para motivar dinámica como vivienda, ambiente, deporte y ciencia e innovación. Así como al contrario, y por una buena ejecución, destacan educación y TIC. Y las cifras no son menores. Se dejaron de ejecutar 52,5 billones en el total del Presupuesto Nacional (3 reformas tributarias) y en inversión no se ejecutaron para apoyar las urgentes necesidades sociales de los ciudadanos y productivas del país 24,5 billones.

Ahora que arranca 2024, el gobierno debe ajustar las clavijas y corregir errores, en el propio beneficio del país. Es entendible que en primer año de gobierno la ejecución es débil por la construcción de curvas de aprendizaje, aunque en este caso inusualmente baja, pero sobre todo se necesita mucha mayor gerencia pública y seguimiento periódico a las entidades, menos cambios de gabinete y en la dirección de entidades que están afectando esta capacidad de gestión y en especial que exista una ‘torre de control’ desde el más alto nivel que revise y exija mes a mes avances en este proceso. Y queda poco tiempo. No podemos perder un año más de recursos disponibles para la economía.

Si tanto queremos reactivar la economía y crecer de nuevo a niveles más cercanos a los del 2021 y 2022, este es un camino. Y este camino recae exclusivamente en el resorte de los propios actores de gobierno. ¡No desaprovechemos esta oportunidad!