Educación inicial, vital para el país

El proyecto de Ley estatutaria radicado por la ministra de Educación contiene diversos temas que serán debidamente analizados por el país y el Congreso. Hoy quiero referirme a uno que considero central: la propuesta de definir la educación inicial en el marco de la protección integral a la primera infancia –comprendida entre los cero y los seis años– como un derecho fundamental. Esta es una iniciativa que tendrá un impacto definitivo en el bienestar de las personas y en la ruta hacia el desarrollo sostenible.

En 2006, el artículo 29 del Código de Infancia y Adolescencia, aprobado ese año, estableció que la educación inicial es uno de los derechos impostergables de la primera infancia. Desde 2010, distintos Planes de Desarrollo, leyes y decretos han incluido el tema en las políticas nacionales. Todos han buscado ampliar el acceso de niñas y niños a modelos de formación integral tanto en el ciclo de los cero a tres años, como en el de tres a seis años –que abarca los niveles de prejardín, jardín y transición–.

Aunque el objetivo ha sido integrar esta formación en el proceso educativo permanente, universal y estructurado en Colombia, las coberturas logradas son todavía muy bajas. Según el Dane, en 2022 había 955 mil niños en preescolar, así: 724 mil en transición; 144 mil en jardín y 87 mil en prejardín. Según datos del Ministerio de Educación, esto significa que el 66 % de los niños con cinco años están matriculados en transición; solo el 13,4 % de los que tienen cuatro años ingresan a jardín; y apenas el 8,7 % de los infantes de tres años accede a prejardín. Para comparar, el promedio de cobertura educativa en países Ocde es del 97% para niños de cinco años; 90 % para los que han cumplido cuatro años; y 77 % para los de tres años.

La educación inicial marca la vida de las personas y las sociedades. Los niños son como una escultura que los padres van moldeando con amor, disciplina, valores, seguridad, buenos hábitos y actitudes que contribuyen a su desarrollo físico, emocional, cognitivo y social. En esa tarea, cada vez más países reconocen que el Estado y la comunidad tienen una responsabilidad compartida con las familias, que se materializa en la existencia y el acceso de los niños a un sistema formal que aporte en esa educación inicial. Un sistema que ofrezca espacios, docentes y tutores de calidad; que cuente con enfoques pedagógicos diseñados para esta fase de la vida; con oportunidades para el juego, para la estimulación intelectual, la creación y la sensibilidad, que permita interacción y socialización, que promueva la exploración, el aprendizaje práctico y el desarrollo integral.

La educación eficaz en la primera infancia genera en el niño la curiosidad que sustenta el pensamiento crítico del joven y el adulto; determina el autocuidado y actitud hacia una vida sana; la preocupación por los demás; la noción de responsabilidad y cumplimiento; el compromiso con el medio ambiente; la competencia para el trabajo en grupo, entre tantos valores que se adquieren en esta edad y son determinantes en la vida. Unicef ha subrayado que esta educación es una prioridad mundial porque establece las bases para la eficacia de la educación posterior. Las pruebas Pisa de la Ocde demuestran que los estudiantes de 15 años que tuvieron acceso a educación y atención de primera infancia tienen mejor desempeño que los que no lo tuvieron.

Reconocer la educación inicial como derecho fundamental es un paso clave para que el Estado, la comunidad, el sector privado, los actores sociales y la familia se comprometan en la formación integral de los niños en sus primeros años. Para que las instituciones asignen los recursos públicos y privados y establezcan sistemas formales para educar infantes sanos y seguros, que desarrollen su potencial y se involucren de forma activa como jóvenes y adultos en la vida social, cívica, científica, artística y económica de su comunidad. Es un paso decisivo para construir una sociedad más equitativa, incluyente, pacífica, competitiva y con mejor futuro.