Culpable

Desde ya me declaro culpable del delito de “obstrucción a la paz” que pretende crear el senador Iván Cepeda, dado que estoy opuesto a la manera como el Gobierno adelanta el diálogo y negociación con el Eln, las Farc, y demás narcos. Y lo hago a conciencia, es decir, con dolo. Encaja mi conducta, entonces, con agravante, en el tipo penal. Por lo tanto, acepto a ser judicializado y condenado por los cargos que se me imputen, y llevado a la cárcel.

Propone el ilustre senador que quien “obstruya, impida o restrinja” de manera temporal o permanente la “exploración, inicio, desarrollo o finalización” de los procesos de paz del Gobierno Petro, definidos en la Ley 2272 de 2022, o la “suscripción, implementación o cumplimiento de acuerdos, acuerdos parciales, acuerdos humanitarios o protocolos que se pacten en desarrollo de los mismos”, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años.

En la exposición de motivos recuerda que la paz es un derecho constitucional, luego se refiere de manera selectiva a algunas de las dificultades, obstáculos y “ataques” que ha tenido el acuerdo final con las Farc (no menciona los incumplimientos de la guerrilla), y pasa a explicar el perfil de los grupos armados con los que se negocia y el contexto de violencia para tratar de justificar de una manera precaria el contenido de la pieza legislativa.

Precaria - e incluso engañosa-, pues no profundiza en lo fundamental: los verbos rectores del tipo penal. Recuerda el significado mundano (no legal ni penal) de “obstruir” y olvida el de “impedir” y “restringir”. En los tres caben distintas interpretaciones. E indica, para rematar, que es un tipo penal de “mera conducta”, es decir, “no importa el resultado”: la simple sospecha o posibilidad de que un comportamiento vaya en contra de la maltrecha Paz Total, basta.

El congresista dice compungido que la iniciativa busca que no asesinen a los desmovilizados, que no se roben los recursos de la paz y se cumplan los acuerdos, difícil estar en desacuerdo. Pero de los primeros hechos ya se ocupa el código penal y para los otros hay entidades llamadas a velar por la implementación, incluido el Congreso. Argumentos distractores del objetivo real de la ley: acallar las voces contrarias al proceso de paz del Gobierno.

La opinión de un político, un columnista o un ciudadano cualquiera pidiendo finiquitar los diálogos con el Eln si no libera a todos secuestrados, o cuestionando el cese al fuego que servirá para que los criminales se reorganicen y rearmen o el bochornoso acuerdo para que las Farc asistiera a la apertura de la jornada electoral o la perversa iniciativa en ciernes de pagar por no secuestrar, darían pie al auto de inicio de un proceso penal.

Es allá donde nos quiere llevar el Gobierno nacional: a silenciar la crítica creciente de los colombianos al proceso con el Eln, las Farc y las demás organizaciones criminales. Porque no nos engañemos, el senador Iván Cepeda no actúa solo; su iniciativa cuenta con el respaldo del presidente y del Pacto Histórico. Él es, además, el verdadero Comisionado de Paz, el artífice y supervisor del engendro y quien manda en la negociación con el Eln.

Difícil imaginar una iniciativa que amenace tanto los principios democráticos. Aquí lo que se busca es “criminalizar la crítica al proceso de paz” para usar un concepto que el Senador aplica con frecuencia al vandalismo en la protesta social. Lo que el Gobierno quiere es intimidar a quien se oponga a la Paz Total y para ello contará con Fiscal. Veremos qué hace el Congreso, lo cierto por ahora es que, de prosperar la Ley Mordaza de Cepeda, millones de colombianos terminaremos en la cárcel, pues no nos vamos a callar.