Runrunes de descertificación

Runrunes de descertificación

Junio 23, 2019 - 11:55 p.m. Por: Claudia Blum

En las relaciones internacionales, las certificaciones unilaterales de unos países sobre otros o las de organismos supranacionales sobre lo que los Estados hacen o dejan de hacer se aplican en temas como derechos humanos, propiedad intelectual y conservación ambiental. Son instrumentos incómodos, y cuando implican sanciones y señalamientos alimentan discursos nacionalistas en los países afectados, reacciones que no ayudan a reconocer ni a solucionar problemas.

En la lucha contra las drogas, Estados Unidos aplica una de esas figuras. Cada año, el Departamento de Estado elabora un informe en el que identifica qué países incumplen sus deberes internacionales contra el tráfico de narcóticos. Y desde hace dos años, Colombia está en la mira para ser incluida en la ‘lista negra’ en la que están Venezuela y Bolivia, por no colaborar en esa lucha contra el Problema Mundial de las Drogas.

Las razones para llegar a este punto son evidentes. El crecimiento desbordado de plantaciones de coca, como consecuencia de la laxitud del gobierno anterior, nos convirtió en el primer país productor con 210 mil hectáreas sembradas y más de 1000 toneladas de cocaína procesadas en 2018. El famoso ‘acuerdo’ de La Habana en el que las Farc también se comprometieron a cooperar para desmantelar sembrados prohibidos, sigue como otra de las promesas incumplidas de ese grupo. A esto se suman las leyes y los fallos relacionados con la JEP que presentan a Colombia ante el mundo como un país que debilita la extradición, una herramienta central de la cooperación judicial contra el crimen transnacional. Y las decisiones de la Corte Constitucional contra la aspersión aérea con glifosato acabaron con una medida efectiva y disuasiva del Plan Colombia que había reducido la siembra de coca de 169.000 hectáreas en 2002 a un mínimo histórico de 78.000 en 2012.

Los runrunes sobre la descertificación son señales de que el mundo está viendo la gravedad de lo que nosotros mismos no advertimos: una Colombia plagada de cultivos ilícitos condenada a repetir momentos asfixiantes y dolorosos de su historia reciente. Sin embargo, antes que acusar a Colombia, los países aliados deberían brindar más cooperación internacional. Debido a que no estamos en igual situación que en los años 90, cuando nos descertificaron por la ambigüedad de un Estado inmerso en escándalos de financiación ilegal de carteles de droga en la elección presidencial y de congresistas en 1994. Nadie puede poner en ese oscuro nivel al Gobierno de Duque, comprometido de lleno en la lucha interna y mundial contra el narcotráfico.

Un señalamiento contra Colombia acarrearía serias implicaciones diplomáticas, económicas y en la confianza en el país para invertir y sus consecuencias en crecimiento y empleo. Además, la posible descertificación podría conducir a debates oportunistas de opositores que tratarían de sugerir amañadamente que Duque no cuenta con apoyo externo. Por eso, es urgente comunicar nuestra realidad, para que el mundo conozca la firme actitud de su Gobierno y la compleja situación política que enfrenta y así, en lugar de una confrontación, existan espacios de diálogo y soporte diplomático. Y sobre todo, tenemos que asumir este desafío entendiendo que combatir al narcotráfico no es una imposición mundial sino el objetivo de un país que quiere poner fin algún día a la violencia, la corrupción y el deterioro social que ese delito engendra.

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