La Justicia que le tocará a Uribe

Muchos nos preguntamos qué garantías tendrá Álvaro Uribe en su proceso cuando estamos viviendo una de las crisis de credibilidad más angustiantes de la Justicia en los tiempos recientes. Crisis reflejada en la última encuesta de Gallup, donde la opinión pública desfavorable llega al 62% frente a la Corte Suprema y al 79% frente al Sistema Judicial.

La Justicia que le tocará a Uribe es la de una Rama que padece desaprobación social por escándalos hoy investigados y fallos dudosos. Como el caso del Cartel de la Toga que sigue generando desprestigio por los nuevos ‘personajes’ imputados, y por la lentitud de procesos que generan vencimientos de términos y libertades cuestionadas. O como las decisiones que en distintos tribunales se tomaron o se dejaron de tomar frente a ‘Santrich’, ‘Iván Márquez’, ‘El Paisa’ y otros criminales que se burlaron de los acuerdos de paz, y a quienes tardíamente se ha ordenado capturar.

También afectan el prestigio y desempeño de las Cortes debilidades institucionales persistentes como la falta de jurisprudencia y criterios unificados para analizar casos afines; o sus funciones electorales que las exponen a juegos políticos inconvenientes. Los medios de comunicación dan cuenta de votaciones prolongadas por meses en la Corte Suprema para elegir a sus magistrados, sus presidentes y otros altos funcionarios, casi siempre en medio de tensiones internas políticas, regionalistas y hasta personales. El más reciente ejemplo es la elección pendiente de seis magistrados, dado que hoy cuenta con 17 de sus 23 miembros habilitados para votar. Para infortunio del país, las propuestas para replantear esas funciones electorales no han tenido éxito.

En el confuso escenario actual y por la crisis que sufre la Rama Judicial, a Uribe le espera un ambiente hostil para defenderse. No son gratuitos los temores que tenemos sobre una Justicia que podría no dar la talla en este caso, rodeado de fuertes presiones externas de columnistas sesgados y políticos contradictores de Uribe que festejan que el alto tribunal haya llamado a indagatoria al senador y expresidente, y anuncian su condena sin siquiera haberlo escuchado. Es la realidad de un país de juicios y condenas mediáticas, en el que hay líderes de opinión que reservan la presunción de inocencia solo para unos y no para otros.

Así no lo admitan sus opositores, Álvaro Uribe fue el presidente que rescató a Colombia del destino de Estado fallido en que recibimos este Siglo XXI. Es el líder que corrigió el rumbo de una Nación que estaba sumida en la desesperanza y el miedo generados por el terrorismo y el narcotráfico. A pesar de ello, lo que hoy observamos es que mientras por un lado hay todo tipo de garantías para sujetos procesados en casos gravísimos de narcotráfico, corrupción y violencia armada, que quedan en libertad, por otro lado, la Justicia llama a indagatoria al expresidente que más ha batallado contra el crimen y los delincuentes. ¡Vaya paradoja la que se desprende de las decisiones judiciales!

Por eso, la indagatoria de Uribe va a poner otra vez a prueba de fuego la imparcialidad y la dignidad de la Justicia. De una Rama que debe blindarse frente a las interferencias externas y preservar el análisis objetivo, la independencia, y la esencia judicial de este proceso. Solo así prevalecerán la filosofía y la elevada misión constitucional de la Justicia y no las presiones que amenazan su dignidad.