De percepción a realidad

El año 2021 fue complejo, no solo por la pandemia, sino por el grave aumento de delitos en distintas ciudades del país. El detrimento de la seguridad nos produce angustia personal, social e institucional.

Las cifras del Dane a finales del año pasado indicaron que el 44% de los colombianos nos sentimos inseguros, lo que significa 5 puntos más que en 2020. La percepción de inseguridad es más alta en ciudades que áreas rurales, y llega a niveles críticos en Bogotá (78%), Cúcuta (73%), Cartagena (72%), Pasto (72%) y Cali (68%).

Lo aterrador es que más que una percepción, la inseguridad es una realidad reflejada en la tendencia delictiva en distintas regiones del país.
En las ciudades vivimos llenos de temores por el riesgo diario de homicidios, hurtos, violencia intrafamiliar y de género, el micrográfico, los delitos informáticos, y otras conductas generadas por economías ilegales. El crimen y la violencia condicionan nuestras actuaciones, afectan la tranquilidad emocional y psicológica, la calidad de vida y el disfrute de la libertad en los quehaceres cotidianos.

Las causas que inciden en la inseguridad y violencia urbana han sido identificadas ampliamente en análisis académicos y diagnósticos estatales. Entre ellas, aparecen factores como la debilidad e insuficiencia de las instituciones para prevenir el delito, asegurar justicia, atender las denuncias, evitar impunidad y reincidencia, y asegurar adecuada protección y vigilancia en las calles. Y qué decir de un sistema penitenciario con alto hacinamiento y cárceles convertidas en escuelas de criminalidad y no de resocialización.

También es innegable que la inequidad, la marginalidad, el desempleo juvenil, los fenómenos de consumo de drogas, y la falta de acceso a infraestructuras y servicios sociales esenciales –como la salud o la educación de calidad– crean mayor vulnerabilidad en ciertos sectores frente a la aparición de bandas delincuenciales y fenómenos delictivos.
Sobre este tema, es cierto que ni todos los criminales son gente de bajo ingreso, ni la pobreza genera automáticamente delincuencia; pero la ONU ha mencionado que países con mayor índice de desarrollo humano tienden a mostrar menores tasas de delitos como el homicidio.

El gobierno tiene un papel prioritario para establecer y aplicar una política de Estado, integral y eficaz, en materia de seguridad ciudadana.
Hay amplia conciencia sobre la necesidad de reforzar las estrategias de servicios sociales, eficacia judicial, de planeación urbana, de género y juventud, y de protección policial para recuperar la tranquilidad y la convivencia ciudadana. Las acciones involucran al gobierno nacional y autoridades territoriales, y deben incluir a todos los sectores de la sociedad. Esto requiere también ajustar marcos legales y crear capacidades para enfrentar una violencia urbana que rebasa las condiciones locales.

El reto que plantea la inseguridad ciudadana debe tener prioridad en las decisiones y acciones del Congreso, el Ejecutivo y la Rama Judicial, pues solo con una visión de conjunto y de largo plazo, y enfocada a resultados, se podrán enfrentar de forma paralela sus múltiples causas y sus efectos

Llamado: En esta época electoral es urgente que candidatos al Congreso y a la Presidencia expliquen sus propuestas para recuperar la seguridad ciudadana, como objetivo inaplazable para nuestro desarrollo económico y social, y en la estabilidad democrática, la convivencia y el bienestar del país.
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