Capital corrosivo

La geopolítica cambió, y con ella cambiaron las relaciones económicas. Tras la Guerra Fría, académicos y políticos promovieron la idea de que la interdependencia económica uniría a las naciones y haría que los costos de la guerra fueran demasiado altos para soportarlos. Ese optimismo pasó por alto algo fundamental: la misma apertura que prometía estabilidad les permitió a potencias extranjeras autoritarias, como Rusia, adquirir influencia sobre sectores estratégicos, como energía, tecnología de doble uso e infraestructura, y aprovecharla en tiempos de crisis. Como plantean Robert Blackwill y Jennifer Harris en War by Other Means, los instrumentos económicos se convirtieron en herramientas para alcanzar objetivos geopolíticos. Un ejemplo de esto es como Moscú, bajo el argumento de la interdependencia económica, logró acumular una ventaja relativa en la industria gasífera de Europa, que le permitió, posteriormente, utilizar la dependencia del viejo continente sobre esta industria crítica como herramienta geopolítica. De esta manera, hoy el poder radica en exponer la dependencia de industrias críticas como arma geopolítica.

En este contexto surge el concepto de capital corrosivo, acuñado por el Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE). Según este centro, este capital consiste en financiación estatal o privada que carece de transparencia, rendición de cuentas y adhesión a los principios del mercado. En lugar de promover el desarrollo, este capital erosiona las instituciones locales, alimenta la corrupción y crea dependencias económicas y geopolíticas. Según informes recientes de Colombia Risk Analysis, con el apoyo de CIPE, Colombia es particularmente vulnerable a este fenómeno, pues el país trata todo el capital nuevo de la misma manera, sin herramientas para distinguir entre la inversión que fortalece la economía y aquella que se aprovecha de sus debilidades institucionales.

Dos casos ilustran los riesgos. El primero es el puerto de Hambantota, en Sri Lanka. El proyecto presentaba fundamentos comerciales débiles desde el principio, con previsiones exageradas, y las élites políticas, lideradas por el presidente Mahinda Rajapaksa, lo utilizaron para canalizar clientelismo y consolidar poder. Los préstamos los concedieron bancos estatales chinos y la construcción corrió a cargo de empresas estatales de ese país. Cuando el puerto no logró atraer el tráfico necesario para pagar la deuda, el gobierno se vio obligado a conceder un arrendamiento por 99 años y el control mayoritario del puerto a una empresa conjunta controlada por China. El segundo es Panamá, donde la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal a Hutchison Ports combinó control estratégico con baja transparencia. La renovación del contrato en 2021 fue criticada por su opacidad, pues la empresa china restringió el acceso del Estado a las instalaciones y bloqueó proyectos competidores como el puerto de Corozal. Todo esto en medio de acusaciones de un soborno de USD 142 millones a cambio de romper lazos con Taipéi y establecer relaciones con Pekín.

Colombia no es inmune. En la licitación de la segunda línea del metro de Bogotá, fue el Banco Interamericano de Desarrollo —y no el Estado colombiano— quien identificó que dos de los consorcios que competían por el contrato tenían como accionista a una misma empresa china, China Communications Construction Company, y que estarían actuando en connivencia, presentándose como si fueran independientes entre sí. De no ser por el BID, es posible que las autoridades hubieran adjudicado el contrato sin detectar la anomalía. Este episodio evidencia que el Estado colombiano carece de la capacidad institucional para identificar este tipo de riesgos antes de que las transacciones se completen. Esa es, precisamente, la función de los mecanismos de monitoreo de inversiones, que consisten en evaluar, condicionar o, en casos extremos, rechazar inversiones que amenacen activos estratégicos o la seguridad nacional del país.

Ahora, es importante aclarar que estos mecanismos no son instrumentos proteccionistas ni limitan la inversión extranjera. Australia cuenta con su Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras (FIRB) desde 1975 y, según Colombia Risk Analysis, solo ha rechazado alrededor del 2 % de las inversiones examinadas, aportando previsibilidad a los actores privados en lugar de ahuyentarlos. Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá cuentan con marcos similares. Un mecanismo bien diseñado, con umbrales claros y plazos predecibles, atrae capital constructivo —aquel que opera bajo altos estándares de transparencia— y disuade al corrosivo, que prospera justamente donde no hay reglas.

Por consiguiente, como señala Colombia Risk Analysis, el reto para Colombia no es escoger entre apertura y protección, sino entre una exposición no gestionada y una apertura estratégica. En este orden de ideas, diseñar un mecanismo de monitoreo de inversiones no le cerraría la puerta al capital extranjero, se vuelve imperativo para Colombia, pues le aumentaría la soberanía estratégica, protegería sus puertos, su energía, su agricultura y su infraestructura digital, y lo alinearía con las democracias que ya entendieron que, en la geopolítica de hoy, no todo capital es bienvenido por igual. La próxima administración tiene ahí una tarea pendiente.