Búmeran

Se cierne de nuevo sobre Colombia la sombra de la Corte Penal Internacional (CPI) por cuenta de la discusión del recorte presupuestal anunciado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, alertó a fiscales de la Corte con sede en La Haya de supuestas iniciativas que amenazan la autonomía y funcionamiento de la JEP, recrudeciendo la polémica por la efectividad, sesgo y continuidad de dicha entidad.

En un inicio el Gobierno propuso un presupuesto de $822 mil millones para 2027, que comparado con el del 2026, de $745 mil millones, representaba un incremento del 10%. En el debate legislativo y ante la gravísima situación fiscal del país, se examina un recorte de $170 mil millones ($140 mil millones de inversión y $30 mil millones de funcionamiento) que según la JEP, “paralizaría la actividad judicial afectando el cierre de los macroprocesos”.

Desde su puesta en marcha en 2018 y hasta mediados de 2026 el tribunal transicional ha costado $3,9 billones de pesos, tiempo en el que solo ha proferido cuatro sentencias en firme (tres contra miembros de las Fuerzas Militares y una contra integrantes del secretariado de las Farc) de 21 en cocción. A ello se suma una burocracia de 1460 funcionarios de planta y 1200 contratistas y haber pagado más de $40 mil millones a abogados de las Farc.

Si a lo anterior se agrega las sanciones irrisorias del tribunal especial derivadas del Acuerdo de Paz de 2016 (que no contempla privación sino restricción de la libertad de 5 a 8 años), el desconocimiento burdo del resultado del plebiscito (que debió conducir a abortar el proceso), el incumplimiento de las Farc con las víctimas, negar los menores reclutados, y la no entrega de bienes y rutas de narcotráfico, es entendible que la discusión escale.

Con semejante rabo de paja sorprende la reacción del presidente de la JEP. Escribirles a unos fiscales de la CPI diciendo que por cuenta del recorte presupuestal está en riesgo la justicia transicional además de exagerado -y por ende mentiroso- se le puede devolver al tribunal como un búmeran letal; conducirlo a un entierro de tercera y a que Colombia considere denunciar el Estatuto de Roma, es decir, activar su retiro de la Corte Penal.

Lo primero, porque en derecho, si la CPI decidiese volver a poner la lupa en Colombia tendría que ser por la ineficacia de la JEP. Cosa distinta sería que la fiscalía del tribunal internacional por razones políticas más no jurídicas tomase partido y terminase defendiendo los precarios y sesgados resultados de la entidad. Lo que la JEP debería hacer, en lugar de patalear por un ajuste presupuestal, es apretarse el cinturón y moverse con los fallos.

Lo segundo, porque la polémica por el recorte atiza el fuego de una discusión mayor, la del balance a la fecha del proceso de paz con las Farc y si la Corte debió avalar un acuerdo con trazos innegables de impunidad. Más, siendo su razón de ser perseguir y juzgar a los máximos responsables de crímenes atroces cuando las justicias nacionales no lo hacen. Haber cohonestado penas tan benévolas a los asesinos de las Farc desdibuja por completo al tribunal.

La historia de Colombia es en parte la de procesos y acuerdos de paz para detener la violencia, unos exitosos y otros fracasados. Y unos de tonalidades grises. El sinsabor con la JEP en distintos sectores es real y creciente por lo que la rabieta por el recorte presupuestal no le favorece. Mucho menos apelar a la Corte Penal Internacional cuyos resultados son peores que los del controvertido tribunal especial. Menos berrinche y más trabajo, señores de la JEP.