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El nuevo evangelizador

En esta situación de irrespeto por la memoria caleña y quiebre de la legalidad, el organismo que ha asumido la defensa de los intereses colectivos es la Personería Distrital.

28 de agosto de 2022 Por: Antonio de Roux

El alcalde Ospina ha salido con un discurso contrario a la historia y a la legalidad para defender su decisión de no restablecer la estatua de Belalcázar. Su actitud sugiere que el desmán acontecido contó con el beneplácito de la administración distrital.

Respetuosamente le digo al Doctor Ospina que aunque tenga consideraciones ideológicas para desdeñar las tradiciones de la ciudad, a él le corresponde cumplir la ley sin chistar. Pareciera que un entendimiento sesgado y parcializado de la historia, y la falta de asesoría en materia jurídica lo están aventando por el despeñadero de transgredir el artículo 72 de la Constitución; la Ordenanza 21 de 1934; los artículos 137, 150 del Código Penal y el Acuerdo Municipal 373 de 2014 (POT de Cali).

Si el Alcalde quisiera resolver este asunto en vez de mantener el conflicto, debería promover la construcción inmediata de las necesarias manifestaciones de reconocimiento a las culturas indígena y afro, expresiones que sin duda nos llenarían de entusiasmo y unirían a los caleños. Pero no, despreciando las posibles soluciones el jefe local insiste en que primero se debe modificar lo escrito sobre las placas engastadas en el monumento. Quizá sus asesores no le han explicado que el cambio o adición a esos textos, si bien posible, requiere aprobación formal de las autoridades y consejos culturales. De otra manera se estarían infringiendo también los artículos 162 y 163 del Código Penal.

En esta situación de irrespeto por la memoria caleña y quiebre de la legalidad, el organismo que ha asumido la defensa de los intereses colectivos es la Personería Distrital. Un proceder que contrasta con la pasividad de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, las cuales conocen estos asuntos desde cuando se derribó al fundador.

Pero el ejercicio de sus funciones por parte de la Personería mediante requerimientos y una Acción Preventiva, despertó la ira del Alcalde llevándolo a personalizar la situación y despacharse contra Harold Cortés, el personero quien cumple con su deber y cuya tarea es representar al pueblo de Cali.

Olvidando que los ciudadanos ante todo deseamos un gobernante capaz de convocarnos sin distingos mientras cumple la ley y lo prometido durante su campaña, el Alcalde ha preferido volverse evangelizador de unos conceptos controvertibles. Así llegó al punto de salirse de la ropa, reprender a Cortés y mandarlo a estudiar historia. Peor aún, en un desafío reiterado a la ley notificó que la estatua solo se repondrá cuando exista una placa que satisfaga sus gustos personales, y no será la Personería quien lo obligue a la restitución.

Los hechos señalan que Ospina está trenzado en una guerra anacrónica y obsesiva contra España. Por eso, su Secretaría de Cultura pagó una ‘Historia de Cali’ en la cual sin equilibrio alguno se achacan a los peninsulares masacres, genocidios y desgracias incesantes; por eso descalifica de manera generalizada a las empresas españolas, lo que acarreó la entendible protesta del embajador de esa nación.

Sería bueno saber qué opina el nuevo Presidente sobre los desvaríos de su amigo y socio caleño. Gustavo Petro debe tener claro que sin el apoyo español, incluyendo al gobernante partido Socialista Obrero (Psoe) y al grupo de comunicaciones Prisa con su red de potentes emisoras, él jamás habría llegado al gobierno.