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Carta al Procurador General

La inoperancia de los entes de control en circunstancias como la que nos ocupa y la falta de una justicia oportuna, tienen consecuencias indeseables.

15 de septiembre de 2019 Por: Vicky Perea García

Apreciado Doctor Carrillo:

Respetuosamente pero con toda claridad debo expresarle mi decepción por la forma como el organismo a su cargo viene abocando las investigaciones relacionadas con varios de los candidatos a la Gobernación y a las alcaldías de esta comarca.

Son infinidad los procesos referidos a actos de corrupción que vinculan aspirantes a los puestos de elección popular, los cuales tras años de haber sido iniciados se encuentran empantanados o se han dejado prescribir. La situación viene prestándose a especulaciones sobre las causas de la lentitud. Aunque son insinuaciones que rechazo de plano, me atrevo a contarle que en la región se habla de intereses relacionados con una aspiración suya a la Presidencia; la atención a las indicaciones políticas provenientes del jefe de su partido, y la retribución de favores relacionados con su elección como Procurador.

Lo cierto es que como consecuencia del andar remolón de los organismos de control entre los que se cuentan además de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría General, en el Valle del Cauca se viene repitiendo la frase inaceptable de “robó pero hizo cosas”. Un aforismo espurio que hiere la conciencia de los ciudadanos por cuanto implica consagrar la corrupción como norma suprema de la gestión pública, y que tarde o temprano conduciría al arrasamiento de nuestra democracia.

La inoperancia de los entes de control en circunstancias como la que nos ocupa y la falta de una justicia oportuna, tienen consecuencias indeseables. Los electores por no contar con información sustentada en providencias pueden verse engañados entregando su voto a los indignos, a sujetos involucrados en faltas contra la disciplina administrativa, la ley penal o el erario. Peor aún, aquellos candidatos así elegidos pueden ser objeto a posteriori de destitución, afectando el curso de la administración y cubriendo de vergüenza a la ciudadanía, tal y como aquí sucedió en el pasado.

En el caso de la Procuraduría se sabe que este estado de cosas es conocido por usted de tiempo atrás y que su despacho cuenta con buenos funcionarios versados en el contexto regional, como es el caso de la reconocida jurista Myriam Méndez. Por eso la lentitud y el silencio de su organismo se han tornado incomprensibles cuando no inquietantes, a los ojos de vallecaucanos y caleños.

La Procuraduría para afrontar circunstancias tan desafiantes cuenta con recursos consagrados en la Ley como son el uso del poder preferente y la vigilancia especial de los procesos. Estas alternativas se orientan a librar los trámites en curso de las triquiñuelas procesales dilatorias usadas por ciertos imputados. Sin embargo, no tenemos conocimiento sobre la aplicación de aquellas herramientas en estos casos.

Doctor Carrillo: en un artículo publicado por los días de su elección saludé con esperanza su llegada a la Procuraduría General de la Nación, pues sabía que compartimos un acervo común de principios aprendidos en los mismos claustros. Pero siento que esa entidad al igual que las otras dependencias llamadas a ejercer funciones de fiscalización, están quedando en deuda con una región necesitada de elegir a los más capaces y honestos. Me refiero a personas idóneas, poseedoras de una concepción ética del servicio público, habilitadas para conducirnos con éxito por los caminos del progreso.

Sigue en Twitter @antoderoux