AMSO y CVC: ¿amor al cerdo o al chicharrón?

El Área Metropolitana del Suroccidente Colombiano (AMSO), integrada por Cali, Jamundí y Puerto Tejada, encierra conflictos administrativos, financieros y políticos cuyas implicaciones parecen haber pasado inadvertidas para buena parte de la ciudadanía. Constituida en 2024 al amparo de la Ley 1625 de 2013, la AMSO surgió de una consulta popular en la que la participación apenas alcanzó el 9,52 % de los habilitados y solo el 5,32 % del censo electoral votó a favor. La ley le atribuye competencias en planificación territorial, servicios públicos, infraestructura y coordinación de asuntos metropolitanos, además de ejercer autoridad ambiental urbana. También le reconoce patrimonio propio y su Junta Metropolitana puede autorizar empréstitos.

Gobernar la movilidad, el agua y la seguridad sin que las fronteras municipales estorben es una promesa legítima; el Valle de Aburrá lo demostró. Pero la AMSO no llega a un terreno baldío: allí ya están el Dagma en el Cali urbano, la CVC en el Valle y la CRC en el norte del Cauca. Y lo que se disputa no es un organigrama, sino la sobretasa ambiental que los caleños pagan, casi sin advertirlo, en la factura del predial: unos $160.000 millones al año, cuatro veces lo de hace una década, alrededor de $267.000 por predio. La tarifa no se ha movido; lo que se ha inflado es el avalúo, y en 2026 tres de cada diez familias vieron subir su predial más del 15 %. Mientras otros pelean por la bolsa, el Concejo y la Alcaldía tienen la llave de esos recursos.

La CVC, dirigida por Marco Antonio Suárez Gutiérrez, sostiene que en juego no están solo los $160.000 millones, sino quién ejercerá la autoridad ambiental y con qué capacidad institucional. Tiene razón en algo que pocos han dicho en voz alta: los caleños pagan toda la sobretasa, la CVC la recibe completa e invierte la mitad en Cali. Los otros $80.000 millones sostienen cada año la gestión ambiental del resto del Valle: cuencas, reforestación y control en municipios que no tienen cómo financiarlos por sí solos. Si la AMSO administra esos recursos, Cali ganaría una bolsa y el Valle perdería una fuente. Por ahora, la justicia mediante el Auto 416 del 21 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca suspendió provisionalmente la destinación del componente urbano de la sobretasa a la CVC, y el Auto 507 del 30 de septiembre mantuvo la suspensión.

Tampoco está claro quién tiene la competencia. En la Sentencia C-247 de 2019, la Corte Constitucional se declaró inhibida para pronunciarse sobre la norma de la Ley 1625 que regula la autoridad ambiental de los distritos dentro de áreas metropolitanas, aunque sugirió que estos podrían conservarla. El caso de Cali, distrito especial, sigue sin definirse. ¿Terminará el Dagma convertido en una estructura burocrática sin potestad sancionatoria ni recursos de la sobretasa? Su desempeño reciente no tranquiliza.

En 2025, la Contraloría Distrital advirtió deficiencias en la vigilancia ambiental de Cali. Desde entonces, el Dagma ha invertido $2.079 millones en un convenio para operar y mantener la red de monitoreo ambiental. Aun así, su propio informe de supervisión de julio de 2026 registró cinco estaciones de ruido inoperativas, equipos sin certificados de calibración y aparatos entregados al contratista desde febrero sin reintegrar. Un año después de la advertencia y antes del terremoto de agosto, el sistema seguía sin funcionar plenamente. La directora del Dagma, Lina Marcela Botía Muñoz, debe explicar por qué. Y la AMSO debe enfrentar una pregunta más incómoda: ¿de qué sirve disputar la autoridad ambiental y sus recursos si con ello no se garantiza la capacidad de vigilar la contaminación?

Jamundí plantea interrogantes adicionales. La Contraloría Departamental documentó cuatro sanciones de la CVC contra el municipio, por $1.478 millones, entre 2019 y 2022, relacionadas con vertimientos de aguas residuales. Al cierre de 2025, la propia CVC registraba una cartera pendiente de $2.311 millones por multas ambientales impuestas a Jamundí. El conflicto es evidente: ¿Podrá la AMSO sancionar a los mismos municipios que la integran y la financian?

El ordenamiento territorial añade otro desafío. El POT de Cali de 2014 fue declarado nulo y su vigencia se extendió hasta julio de 2027. ¿Cómo armonizará la AMSO el ordenamiento regional si Cali no ha resuelto el suyo y más del 90 % de Jamundí y Puerto Tejada es rural? Quien planifica el suelo decide qué tierra se valoriza. Y donde la tierra se valoriza, la fragmentación de predios y las compraventas sucesivas pueden traducirse en daños ambientales y en vehículos para capitales ilícitos.

Las cifras de registro de Jamundí merecen atención. Entre 2015 y 2023 se fragmentaron allí 2831 matrículas rurales, frente a 262 en Cali, sobre bases similares de unas 15.000 matrículas rurales en cada municipio. El problema no es solo de papeles. En abril de 2026, la propia CVC reconoció afectaciones ambientales por ocupaciones irregulares en los corregimientos jamundeños de Guachinte, Ampudia y Río Claro. Admitió además que las condiciones de seguridad impidieron inspeccionar y recuperar esas áreas. Si la AMSO asume la planificación del suelo, ¿cómo garantizará el control donde las autoridades actuales ni siquiera pueden entrar?

La verdadera prueba de la AMSO será la ejecución, aunque la vara no está alta: tras décadas de gestión de la CVC y el Dagma, el río Cauca sigue cargando, a su paso por Cali, una contaminación que ninguna de las dos ha logrado detener. Alexander Durán ha señalado que, a casi dos años de su creación, avanzan varios proyectos metropolitanos, entre ellos intervenciones policiales en Potrerito, el acueducto de Puerto Tejada y proyectos para la descontaminación del río Cauca. Mientras el Tribunal define quién administrará la sobretasa, la AMSO proyecta trasladarse del edificio Aristi a una nueva sede entre Cali y Jamundí, y su dirección ejecutiva ya despierta apetitos políticos. Al menos tres aspirantes estarían buscando reemplazar a Durán, un funcionario de amplia trayectoria en los gobiernos de Rodrigo Guerrero, Maurice Armitage, Jorge Iván Ospina y Alejandro Eder.

Lo que pasó casi sin ser notado puede volverse un nuevo centro de poder político y presupuestal, con una inversión proyectada de cerca de un billón de pesos en la próxima década. La pregunta ya no es solamente para qué servirá la AMSO, sino quién controlará los recursos que hoy recibe la CVC, quién responderá por los resultados y qué impedirá que termine convertida en un nuevo latifundio burocrático. Si la AMSO, la CVC y el Dagma defienden con tanto empeño la autoridad ambiental, deberían demostrar qué les importa más: ¿amor al cerdo o al chicharrón?