Un gran reto

Abril 26, 2022 - 11:40 p. m. 2022-04-26 Por: Álvaro Guzmán Barney

En el proceso de modernización de la sociedad colombiana, uno de los problemas principales por resolver es el de la transición a una sociedad en la que predomine la ley y las prácticas legales ciudadanas, con el respaldo del Estado y de sus funcionarios. Este ha sido un proceso histórico muy lento, entre lo legal y lo ilegal, entre la política y la violencia. Apenas se ha podido construir y se puede mostrar la existencia de una ‘débil corteza de civilización’ (Marco Palacios). De allí que sea tan importante defender la poca ‘institucionalidad’ con la que contamos, las reglas del juego aceptadas por las partes para que el colectivo pueda funcionar en beneficio de todos.

Además de lento, este proceso no ha sido necesariamente ascendente y ha tenido retrocesos ostensibles. Es lo que sucede, desde hace casi 45 años, con el narcotráfico y el impacto que ha tenido en la sociedad colombiana. Esta una de las principales explicaciones de las violencias por las que atravesamos. El narcotráfico ha penetrado y dominado la política regional y nacional. Por la vía del lavado de dineros ha penetrado la economía. Nuevas riquezas se abren paso a la fuerza y en medio de la informalidad. La vida cotidiana ha asumido ostensibles rasgos ‘mafiosos’, la inseguridad ciudadana impera y las alternativas que se proponen son las de armarse privadamente para defenderse.

Se trata de un problema complejo que no es de fácil solución, pero creo que los candidatos a la Presidencia deben abordarlo y proponer alternativas viables para Colombia. Siendo simplista, creo que, en el pasado, se han presentado dos soluciones antagónicas. La primera, anclada en la política de ‘guerra contra las drogas’ y en el supuesto de que el problema está principalmente en los cultivos ilícitos, buscó la solución en las fumigaciones aéreas con glifosato. La segunda, argumenta que el problema radica en la ilegalidad de las plantas y los cultivos y, por lo tanto, propone su legalización.

Ambas propuestas son inviables, aunque por razones muy distintas: la primera, por el impacto negativo ambiental y de salud en los territorios y por la movilidad demostrada de los cultivos hacia nuevos espacios. La segunda, porque la legalización unilateral colombiana no es viable en el concierto global de naciones, especialmente teniendo en cuenta los países musulmanes y China. Sin embargo, entre las dos alternativas, es posible que se abran caminos que muestren que Colombia reconoce el problema y propende por resolverlo.

Hay que ponerle atención a la política del presidente Biden que habla de ‘responsabilidad compartida’ en el tema del narcotráfico. Si bien la cadena puede iniciarse en los cultivos (aunque no hay oferta sin demanda), esta continúa con el procesamiento, transporte, distribución, comercio al por menor y un enorme lavado de dinero en la banca para volver a comenzar. Claro está, hay consumidores y se hace evidente un enorme problema de salud pública, también en Colombia. Habría que evaluar cómo la cadena se ha afectado en sus diferentes fases y subrayar su conexión con el problema de salud pública. A todo lo largo hay víctimas para tener en cuenta.

Por otro lado, hay experiencias colombianas positivas de sustitución de cultivos por alimentos o cultivos de exportación como el cacao. Es cierto que han tenido el apoyo de agencias internacionales, pero falta un aporte estatal decidido. Finalmente, Colombia puede buscar apoyo de otros países para una agenda internacional que busque una solución de legalización multilateral, con el control de los Estados en distintas fases. Este es un gran reto para los colombianos y no puede quedar por fuera de la agenda de los candidatos a la Presidencia.

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