Policía y ciudadanía

Para abordar el tema de la seguridad, que no es de hoy ni solamente de la sociedad colombiana, es fundamental establecer una distinción entre el papel de las fuerzas militares y el de la policía. En una primera fase de desarrollo histórico del Estado moderno occidental, se expropió de las armas a los grupos particulares, especialmente los señores feudales, y el poder armado se centralizó en manos del Rey con pretensión de monarca absoluto.

Se organizaron así los ejércitos nacionales. En una segunda fase, aparece una diferenciación funcional, a partir de la necesidad de garantizar la soberanía territorial del estado-nación frente a otras naciones, con el apoyo del ejército para la guerra, y la necesidad de garantizar el orden interno en el territorio de la nación, en relación con la ciudadanía, de lo que se va a encargar la policía. En Colombia, el Ejército se formó desde la Independencia con las ambigüedades y conflictos de los poderes regionales y de las guerras civiles. La Policía Nacional se creó, en este contexto, con la Ley 23 de 1890.

La sociología histórica de la Policía colombiana merece ser investigada a fondo y de manera comparativa con las policías de otros países latinoamericanos. Este es un requisito para poder transformarla a futuro de manera innovadora, teniendo en cuenta su trayectoria. El hecho es que esta historia se enmarca en esta diferenciación estructural y fundamental, entre el ámbito y funciones del Ejército y de la Policía.
El Decreto reglamentario de la Ley 23 indica que la Policía Nacional
“…debe encargarse de los servicios de orden y de seguridad bajo la dirección de un profesor contratado en Francia y bajo la vigilancia del Ministerio de Gobierno”.

Dentro de sus funciones está: “…la conservación de la tranquilidad social, protección de las personas y las propiedades y defensa de la moralidad, aseo, ornato de las ciudades, prevención de delitos y persecución de la delincuencia”. (‘La Policía: su origen y su destino’, Álvaro Castaño Castillo, ed. Cahur, Bogotá: 1947: 58). El profesor contratado en Francia fue el comisario Gilibert, quien consideraba ya entonces, que: “El Ejército no debe arbitrar la Policía, ni siquiera transitoriamente, no debe tampoco acompañarla en la prestación de sus funciones” (Op. cit p. 135). La Policía debía ser civil, una institución técnica y especializada, una profesión.

Más de cien años de historia muestran que esta tensión entre lo que es el Ejército y la Policía ha subsistido hasta hoy en la formación del Estado colombiano, teniendo en cuenta las distintas reformas que ha tenido la Institución que hoy se concibe como un organismo armado del Estado, de carácter civil, adscrito el Ministerio de Defensa. En la práctica, lo que hemos tenido en los últimos 30 años es una Policía que se ha militarizado persistentemente, que en muchas oportunidades ha enfrentado a la guerrilla, así como a los grupos armados en el campo y un Ejército que, paradójicamente, se lo ha llamado para hacer patrullaje y dar seguridad en las ciudades.

Cualquier reforma debe partir del reconocimiento de la Policía y de su papel en el orden ciudadano en un sentido amplio. Se requiere darle a la Policía un marco normativo consecuente con su carácter civil y orientado al tratamiento de los problemas de la ciudadanía. La relación básica que se debe consolidar es entre Policía y ciudadanía. Hoy existe un grave problema de legitimidad de todos los sectores sociales con la Policía. Como se pensó hace 130 años, se requiere una Policía enteramente encargada de la ciudadanía, la convivencia, la prevención del delito y la persecución de la delincuencia.