Paz, convivencia y ciudad

La paz también es con la ciudad, es el título del editorial de El Tiempo del pasado 21 de julio. Tiene en cuenta que durante más de 50 años el conflicto armado se libró principalmente en el campo. Sin embargo, el desplazamiento de población se hizo a las ciudades generando problemas de calidad de vida. Hoy, además, en los grandes centro urbanos se debe atender la reinserción y pueden aparecer violencias sin control como en Centroamérica. El editorial se queja de que lo urbano ha dejado de aparecer en la agenda pública cuando se habla del Proceso de Paz y hace un llamado para que las autoridades asuman este problema.

El llamado de atención del editorial es pertinente, pero se elabora sobre un supuesto que es cuestionable. Se debe tener en cuenta que la paz es la respuesta negociada a un conflicto político armado que se libró en el campo y que ha tenido repercusiones en la ciudad, asunto que debe dar lugar a una política pública específica. El problema es que los conflictos que hoy predominan en las ciudades colombianas y que están en la raíz de las violencias urbanas, no se pueden concebir como una consecuencia del conflicto político armado rural, y menos concebirlos como posiblemente agenciados por los desplazados y los reinsertos. De hecho, los conflictos urbanos que generan violencia no son negociables y no pueden ser objeto de un proceso de paz.

Ciertamente hay casos límites en los que el conflicto puede dar lugar a relaciones de diálogo, más que negociones, entre el Estado y la criminalidad organizada. Recientemente, el Consejero de Seguridad de la ciudad de Medellín fue detenido por adelantar conversaciones que podían beneficiar a alguna de las organizaciones delincuenciales que operan en la ciudad. No se sabe si lo estaba haciendo de manera corrupta, es decir en beneficio propio y de una mafia, o bien si lo estaba haciendo como parte de una política de desmonte del crimen organizado. En el caso de que fuera la segunda opción, hay que reconocer que en Colombia se han tenido varias experiencias de diálogo con la criminalidad organizada, la principal de ellas a raíz de la ley de Justicia y Paz y el desmonte de los paramilitares. Pero no parece acertado hablar, en este caso, de negociación y de paz. Fue más bien, un sometimiento negociado que se politizó en beneficio de los victimarios.

Ahora bien, el grueso de la violencia urbana hoy proviene de conflictos interactivos que son distintos, aunque pueden tener conexiones con la violencia organizada urbana. Expresan un nivel de intolerancia que se traduce en violencia, con especiales connotaciones de género y étnicas. La violencia es el resultado de la negación de derechos de distinto tipo. No es una consecuencia del conflicto armado rural, tampoco es “negociable” y su solución no se puede equiparar con la de un proceso de paz. En este caso la meta es lograr la convivencia entre ciudadanos, con una sociedad más incluyente y al mismo tiempo más civilizada. La estrategia se debe centrar en introducir y socializar nuevos valores, normas y prácticas que puedan cambiar nuestras interacciones, en la familia, con los amigos, con los vecinos, con los ciudadanos. En este sentido, la estrategia es pedagógica y de cultura ciudadana. Sus agentes iniciales son las élites portadoras y difusoras de dicha cultura y los grupos que acompañan esta visión a lo largo y ancho de la estructura social. Un problema grave que tiene la sociedad colombiana es que dichas élites han abandonado su compromiso con la ética ciudadana y han sido parcialmente cooptadas por visiones y acciones que tienen mucho de mafioso. La corrupción en las altas esferas es un ejemplo.