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Cali y sus invasiones

Si los invasores logran realizar su propósito y no ser advertidos en menos de dos o tres días, su desalojo tiene no pocos obstáculos jurídicos; si transcurre más tiempo la autoridad, en el mejor de los casos, tiene que indemnizarlos.

25 de julio de 2018 Por: Alfredo Carvajal Sinisterra

Muchos habitantes de Cali desconocen que cerca del 40% de su desarrollo urbano es producto de las invasiones o para utilizar un eufemismo, asentamientos urbanos subnormales. Siloé, el barrio Lleras, gran parte de Unión de Vivienda Popular, Terrón Colorado, El Aguacatal, sectores de la Comuna 18, El Jarillón, Altos de Menga, etc., fueron o continúan siendo invasiones.

Se roban terrenos públicos, usualmente con la complicidad de los políticos que con la promesa de conseguirles tierra gratis a sus electores aseguran sus cargos, contando con la connivencia de las autoridades municipales. En no pocas ocasiones son los propietarios quienes las promueven con la ayuda de líderes expertos en organizarlas, de esta manera se economizan los costos inherentes a la urbanización, los cuales luego los asume el Municipio con la contribución de toda la ciudadanía.
Un negocio redondo. Muchas de estas invasiones no pagan impuestos, ni servicios públicos a pesar de usarlos, como es el caso del Jarillón donde también existían negocios prósperos, razón por la cual la tarifa del agua que pagamos los caleños es de las más caras de Colombia.

Se trata de un delito que en lugar de ser sancionado se premia. La ley lo protege. Si los invasores logran realizar su propósito y no ser advertidos en menos de dos o tres días, su desalojo tiene no pocos obstáculos jurídicos; si transcurre más tiempo la autoridad, en el mejor de los casos, tiene que indemnizarlos. En el barrio la Fortuna se les entregaron casas nuevas a cambio de los asentamientos, algunos muy precarios por cierto. No obstante, invadieron nuevamente con amigos, familiares y ellos mismos, en el mismo lugar de donde habían sido desalojados. Hoy nuevamente la carretera al mar, en sus primeros kilómetros, está invadida con viviendas hasta el borde de la calzada. Más adelante las llamadas gualas construyeron una terminal al pie de la vía.

Infortunadamente las invasiones se producen en lugares de alto riesgo como las laderas de la ciudad y en las riberas de los ríos o en el Jarillón, exponiendo sus vidas y las vidas de miles de ciudadanos. Estas urbanizaciones ilegales contaminan lo ríos, producen avalanchas y sus accesos para movilizar la población no permiten el uso del transporte público regular. Sus habitantes se ven forzados a utilizar camperos de más de 40 años de uso, con altísimo riesgo para sus vidas.

Cali ha crecido más por las migraciones que por incremento poblacional endógeno. Somos una caldera donde se funden razas de diverso origen. Recientemente hemos recibido el abundante desplazamiento de gentes del Pacífico debido a la inseguridad y a la ausencia de oportunidades de progreso en esas regiones. Hoy existen nuevos barrios como Tumaco, con 2000 viviendas, cuyos habitantes provienes de la ciudad del mismo nombre. Nuestras autoridades carecen de los recursos de Bogotá para adoptar debidamente la numerosa inmigración.

A buena hora el Municipio ha establecido una unidad para controlar las invasiones en su etapa más temprana, cuando la ley permite proceder a los desalojos. Es la primera vez en Cali que se emprende una acción efectiva contra el robo de las tierras. Está integrada por las diversas dependencias a las que les corresponde velar por el control de esta actividad ilegal y propender por un crecimiento ordenado.