Año de recuperación

El 2022 fue un año de recuperación, posterior a dos de evidente retroceso. El 2020 debido a la inesperada pandemia del covid que paralizó al mundo literalmente, nos quedamos encerrados en nuestras residencias presenciando el mayor desastre económico de este siglo. Sus consecuencias fueron devastadoras, con mayor efecto, como es de suponer, en aquellas familias más desprotegidas de la sociedad.

Al año siguiente cuando estábamos viendo la luz al final del túnel, puesto que se habían desarrollado varias vacunas contra el virus, se originó el llamado paro nacional. Se inició con unas manifestaciones justificadas que se convirtieron luego en actos vandálicos, quemas de estaciones del MÍO, asaltos a los CAI, incendios a las bombas de gasolina, robos
masivos a los supermercados, en resumen, caos y violencia.

Por fortuna ha habido una recuperación económica sobresaliente, con uno de los mayores crecimientos económicos de la región y un fuerte decrecimiento del desempleo.

En el 2022, por primera vez un exguerrillero fue elegido a la Presidencia de la República y logró construir una coalición mayoritaria, mediante negociaciones con varios partidos políticos. Ya conocemos cómo se elaboran estos acuerdos. Existen negociaciones, donde los cobros y los pagos se hacen mediante cargos en el nuevo gobierno, algunos conocidos, como los ministerios y nombramientos en dependencias importantes, otros ignorados. También se negocian participaciones en decisiones consideradas importantes.

Gracias a estas negociaciones el gobierno logró una controvertida reforma fiscal, cuyos efectos solamente se podrán evaluar en los próximos años de su gobierno.

Ojalá la mayoría de los ingresos adicionales se destinaran a mejorar la calidad de la educación y hacerla pertinente. Muy poco se logra si se favorece la educación superior, mientras la calidad del bachillerato de los colegios públicos continúa siendo tan deficiente.

Por lo pronto hay signos non santos, como pagar un millón de pesos mensuales a ‘gestores de paz’, jóvenes que constituyeron la primera línea, incitadores del paro nacional algunos de los cuales ejercieron como gestores de violencia. Hasta entonces se desconocía que el paro fuese una acción política de un movimiento, se pensó que era una consecuencia natural de la pandemia y del obvio descontento de la situación de pobreza y falta de oportunidades que sufría un sector de la población. Los pagos a los ‘gestores de paz’ lucen como pagos por favores políticos.

Otro aspecto grave de dicha decisión está en legislar invadiendo las facultades del poder judicial. Varios de esos jóvenes están siendo juzgados por delitos cometidos durante el paro.

Los nombramientos de los ministros del nuevo gobierno han sido variopintos, unos acertados y otros inadecuados para el cargo. Nombrar una ministra socióloga, con desconocimiento del sector minero, como ministra de Minas y Energía, no puede calificarse de manera distinta a un favor político.

Como colofón del año en curso ha sido muy desacertado de Petro respaldar el golpe de Estado en el Perú, que pretendió dar Pedro Castillo, desautorizado por su propio poder judicial. El expresidente intentó disolver el Congreso, continuar en su cargo y convocar a elecciones para modificar la constitución. Se trata de un evidente espaldarazo a las dictaduras.