Pacientes primero

La Reforma a la Salud propuesta por el gobierno del presidente Petro es quizá el tema que nos tiene sin dormir a varios. Su aprobación o no, determinará sin duda alguna el futuro no sólo del sector, sino del país. En medio del álgido debate, tanto autores y defensores, como analistas y críticos de la misma, comparten una premisa. Ya sea que se hable de transformación, evolución o cambio del modelo actual en salud, la prioridad deben ser todos los colombianos y muy especialmente los pacientes. Este enfoque resulta tan reiterativo en ambos extremos, que corremos el riesgo que pase a ser solo una manifestación políticamente correcta.

Es entonces responsabilidad de todos entender cómo sería la ruta de un paciente en el nuevo modelo, y compararla con el acceso que recibe en la actualidad, para así poder definir con claridad si la propuesta suma o resta. Los colombianos deben saber con certeza si la oportunidad en la prestación de servicios de salud empeorará o mejorará, si los indicadores de acceso a medicamentos se moverán de manera positiva o negativa, si el acceso a especialistas será más ágil o más lento y si el bajo gasto de bolsillo en servicios de salud que hoy tenemos todos, permanecerá igual o por el contrario corre el riesgo de aumentar. Desafortunadamente, las respuestas no favorecen al nuevo modelo propuesto.

Vamos por partes. El corazón de la reforma al sistema es la eliminación del esquema de aseguramiento y de gestión del riesgo que hoy es responsabilidad de las EPS. Todos tenemos hoy como puerta de entrada al sistema las EPS. Al desaparecer, el acceso a los servicios de salud se daría a través de los Capirs (Centros de Atención Primaria Integral y Resolutiva en Salud), en donde cada uno atendería alrededor de 25.000 personas de su área directa. Resulta que estos centros no solo no existen, sino que su diseño, construcción (cerca de 2.000), conformación y operación, dependerían de las secretarías de Salud de cada municipio.

No se trata de ser pesimista o de tener resistencia al cambio, pero este desafío exclusivamente en cabeza del sector público resultará en una catástrofe que se pagará con vidas humanas y con un alto deterioro de los servicios, en donde la población vulnerable será la más afectada.

Veamos otro eje. El manejo de los recursos del sistema, que asciende a 70 billones de pesos anuales, pasará a ser de competencia exclusiva de la Adres, quien tendrá la responsabilidad de girarle directamente a las IPS. Para hacerlo deberá auditar cerca de 2,5 millones de facturas diarias.
Hoy tiene capacidad para revisar 50 mil facturas al mes. Esta meta no es realista, solo aguanta Power Point. Si la reforma se aprueba, seremos testigos y víctimas de primera mano del mayor cuello de botella en la historia del país. Esto sin mencionar la corrupción.

Adicionalmente, la gobernanza del sistema propuesto es indescifrable. Se crean más de 60 entidades locales, regionales y nacionales. Se burocratiza el sistema en su máxima expresión.

Claro que el sistema actual debe evolucionar. Avanzar en prevención y en acceso a los servicios en las regiones apartadas es un imperativo. En el debate que Colombia se merece no caben posiciones de activismo, ni ideológicas, ni cálculos electorales, ni defensa de intereses particulares.
Los colombianos debemos tener el derecho de poder escoger, entre un sistema público y uno privado, bien sea en el aseguramiento o en la prestación del servicio de salud. La única camiseta válida para que cada congresista fije su posición frente a la reforma propuesta es la de los pacientes.