Amenaza escalofriante

Enero 30, 2022 - 11:35 p. m. 2022-01-30 Por: Alejandro Éder

Estamos viviendo situaciones que pensamos no volveríamos a vivir en Cali. El ataque terrorista a la Policía en el oriente de la ciudad, en enero, fue el inicio de una serie de hechos violentos como los varios atentados con granada y la incautación de 200 kilos de explosivos en el barrio Alfonso López. A estos se suman el hostigamiento de grupos armados al Queremal, a media hora de Cali; el secuestro de una empresaria del sector avícola en Jamundí; la quema de un camión entre Buga y Tuluá y un ataque con explosivo a la Policía en Andalucía. Y a lo ocurrido se le suma que venimos de un año atroz, donde por primera vez en cinco años tuvimos en Cali más de 1200 muertes violentas en 12 meses.

Lo cierto es que las amenazas que Cali y la región enfrentan contra su seguridad están relacionadas. No es coincidencia que el 60% de las 250 mil hectáreas de coca están en el Suroccidente y que la mitad de los municipios del Pacífico, incluyendo Cali, tienen minería ilegal. La situación deja claro que hay elementos estructurales de violencia que aún no hemos superado y que se deben atender con toda la capacidad técnica y tecnológica del Estado. Hay que identificar y desarticular a las estructuras armadas, cerrarles el paso a las armas y rastrear sus finanzas.

En el caso particular de Cali, padecemos una crisis de confianza de la ciudadanía en las instituciones que rápidamente se tornó en una crisis de liderazgo del alcalde Ospina. Desde los paros hemos presenciado la destrucción paulatina de infraestructura pública, en especial la de transporte, de hostigamientos a la policía, de irrespeto por las normas más sencillas como las de manejo de basuras y de tránsito. Si bien esta descomposición no es responsabilidad exclusiva de esta alcaldía, es evidente que a Ospina le quedó grande retomar el control e imponer el orden en la ciudad. Es claro, vivimos un retroceso.

Esa incapacidad de atender lo más básico le hace imposible mover a actores nacionales para obligarlos a reaccionar frente a problemas complejos como el entorno de terrorismo y criminalidad que está aconteciendo en Cali y sus alrededores y que, de no atenderse de manera contundente ya, se consolidará como una amenaza a la seguridad nacional. Repito, esto es un problema de índole nacional, pero debido al centralismo tenemos que exigir e impulsar su resolución desde los gobiernos Departamental y Distrital. Y la estrategia debe coordinarse ya con el gobierno en Bogotá.

A finales de 2019, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito indicaba que en Cali existen cerca de 150 estructuras criminales que prestan servicios a grandes grupos armados organizados. Este mes de enero, la Defensoría emitió una alerta temprana que detecta la presencia de grupos violentos organizados en 21 de las 22 comunas de Cali. Esto es inaudito; desde los años 90 y principios de 2000 no habíamos presenciado tamaña amenaza.

Cali y la región están viviendo momentos muy complejos que requieren un liderazgo integrador y el trabajo articulado de las distintas agencias de seguridad y de los gobiernos. En 2021 pusimos 1 de cada 10 homicidios cometidos en Colombia y la sensación de la población es que estamos abandonados a nuestra suerte, mientras los violentos ocupan espacios dejados por las instituciones. La seguridad de Cali y de la región es prioridad en la agenda nacional, porque la doctrina de la fuerza no puede volverse la regla que determine la cotidianidad de los caleños y de los vallecaucanos.

Contra una amenaza escalofriante, acciones contundentes y firmeza.

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