Miedo a la verdad

Miedo a
la verdad

Marzo 19, 2019 - 11:40 p.m. Por: Alberto Valencia Gutiérrez

¿Por qué produce tanta controversia la Justicia Especial para la Paz? La respuesta es muy sencilla: las negociaciones de paz de La Habana establecieron un sistema de justicia transicional, que no sólo comprende la responsabilidad de las Farc sino también la de militares y civiles que cometieron excesos en el conflicto, con base en el compromiso de contar la verdad para obtener penas de entre cinco y ocho años. Hay sectores a los que esto no les gusta por el temor a que los implicados, por acogerse a los beneficios, comiencen a confesar y a revelar sus enlaces en la vida política nacional.

Existen tres posiciones frente a lo ocurrido en los peores años de la guerra. La primera posición es la que podríamos llamar ‘negacionista’. Como sucede con el Holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial, hay muchos que niegan que aquí haya ocurrido algo. Un conocido senador del Centro Democrático decía, por ejemplo, que aquí no hubo desplazamiento forzado sino un proceso de “migración interna”.

La segunda posición considera que el orden social se encontraba ante una gran amenaza y, como ocurre en la figura jurídica de la legítima defensa, la reacción estuvo a la altura de una agresión que era “injusta, actual e inminente”. Muchos se vieron obligados a apelar a medios ilegales y atroces para combatir unas guerrillas que habían logrado dominio sobre parte importante del país y, frente a esta situación, ‘todo vale’: el ‘fin justifica los medios’. Los que asumieron la defensa de la sociedad asediada, con el ex presidente Uribe a la cabeza, son unos héroes y es injusto que se los judicialice si cometieron ‘excesos’ porque la situación los justificaba. Por consiguiente, la responsabilidad debe circunscribirse a los guerrilleros.

La tercera posición considera que las Farc tuvieron una inmensa responsabilidad en lo sucedido, pero la reacción frente a ellas sobrepasó con creces los linderos de la legalidad. Los grupos paramilitares, por ejemplo, que inicialmente aparecieron como una fuerza contra insurgente para defender a la población del secuestro y la extorsión, rápidamente convirtieron la lucha en un medio para acaparar tierras, desplazar población e impulsar el negocio del narcotráfico, todo ello apelando a las peores formas del terror contra la población civil, muchas veces indefensa y ajena al conflicto. De manera similar algunos miembros de la Fuerza Pública se vieron comprometidos, como es el caso de los ‘falsos positivos’, uno de los mayores genocidios que ha conocido América Latina en los últimos 60 años.

Amigo lector, ahí están las cartas sobre la mesa para que usted escoja la que mejor se adapte a sus convicciones éticas o políticas. Sin embargo, no se olvide que una sociedad difícilmente supera el conflicto si no repara a sus víctimas y asigna responsabilidades. Es absolutamente falso que acabar con la JEP sea una manera de luchar contra la impunidad.

Todo lo contrario. Es una forma de ‘impunidad selectiva’ que sólo reconoce la responsabilidad de uno de los actores comprometidos.
En este país contamos con una dura experiencia histórica en la manera como ‘se resolvió’ ‘La Violencia’ de los años 50. La reparación de las víctimas fue muy precaria (una comisión de rehabilitación de pocos meses) y la total impunidad de las élites políticas responsables. El resultado fue muy claro: la violencia siguió presente en la vida nacional como un ‘alma en pena’ sin ninguna posibilidad de redención, y hoy estamos en el segundo acto del mismo drama. La garantía de no repetición pasa por la asignación de responsabilidades a todos los actores comprometidos, y no de manera selectiva a uno solo. Lo que está en juego en este momento en la vida política es la disputa por la responsabilidad de lo sucedido.

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