La razón del Estado

Escuchar este artículo

La razón del Estado

Octubre 01, 2019 - 11:40 p.m. Por: Alberto Valencia Gutiérrez

El llamado a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe por parte de la Corte Suprema es un acontecimiento de inmensa trascendencia en la vida nacional, no sólo por ser la primera vez que la Justicia ordinaria requiere a un exmandatario, sino también por la magnitud y el significado del implicado. Lo que está en juego aquí no es solamente la responsabilidad de un ciudadano en particular, sino el sentido de una época de la vida colombiana, muy bien representada por el personaje en cuestión.

Cualquier persona que hubiera llegado a la presidencia en el año 2002 (llámese Uribe o Serpa) se habría tenido que enfrentar con el problema de recuperar el dominio del Estado en el territorio, en un momento en que las Farc habían llegado a su apogeo, controlaban extensas zonas y cerca de 500 municipios, cercaban las ciudades y amenazaban la vida cotidiana de los habitantes con secuestros, ‘pescas milagrosas’, ‘impuestos’ al patrimonio. Uribe hizo la tarea que le correspondía. Mucha gente le reconoce este mérito, pero el problema fundamental no está en haberla hecho sino en ‘cómo la hizo’. Ahí está el meollo del problema.

Cuando un Estado (cualquiera que sea) encuentra que su poder está siendo amenazado apela por lo general a medidas de excepción, que rompen las barreras establecidas por el derecho o la moral. Esto es lo que en la filosofía política se llama la ‘Razón de Estado’, una norma reguladora de la acción gubernamental, que se considera más propia del funcionamiento de regímenes autoritarios que de sistemas democráticos. Sin embargo, está más generalizada de lo que se cree y se impone muchas veces contra la voluntad de los propios gobernantes.

El uso de la ilegalidad para combatir a los grupos ilegales, en nombre de la ‘Razón de Estado’, tiene una larga trayectoria en la vida nacional: la persecución a Pablo Escobar con la colaboración del Cartel de Cali, la complacencia de las autoridades con los grupos paramilitares, el uso de la tortura para obtener información, son algunos ejemplos. La gran diferencia del período de Uribe con gobiernos anteriores es que la ilegalidad se entronizó en el corazón del Estado, en proporciones que nunca antes se habían conocido. Lo que fue excepcional en algún momento, se convirtió en regla. El inventario de los ‘recursos ilegales’ de sus ochos años de gobierno es inmenso: las ‘chuzadas’, las persecuciones a magistrados de las Cortes, la ‘parapolítica’, los ‘falsos positivos’, el apoyo a funcionarios cuestionados judicialmente, los malos manejos del DAS, la entrega de dádivas para garantizar la reelección (‘yidispolítica’), entre muchos otros.

El problema es mucho más complejo si tenemos en cuenta que el ‘recurso a la ilegalidad’ contaba con la complacencia de muchos ciudadanos, que lo aceptaron como algo normal y necesario para enfrentar la amenaza de las Farc. Uribe se convirtió en un ‘héroe salvador’, a pesar de todos los cuestionamientos a su pasado y a su estilo de gestión. Sin embargo, el uso de medios ilegales para enfrentar a grupos ilegales no se lleva a cabo sin costos sociales y políticos extremadamente altos. Uno de ellos: el país se encuentra ‘encunetado’ en este momento, precisamente, porque las cabezas más visibles de la ilegalidad, protagonistas de esta época, hacen todo lo posible por garantizar su impunidad, al costo que sea.

Los tiempos cambian y, como en la parábola evangélica de los talentos, a Uribe le llegó la hora de rendir cuentas del uso del poder que se le confió. No obstante, lo que está en cuestión no es sólo la responsabilidad de un individuo sino la profunda indistinción entre lo legal y lo ilegal, que existe en las prácticas y las mentalidades de nuestra gente. A diferencia de antes ya hay algunos que se preguntan afortunadamente hasta qué punto es legítimo el uso de medios ilegales para contrarrestar una amenaza al orden social. Esta es nuestra tragedia.

Conecta con la verdad. Suscríbete a elpais.com.co
VER COMENTARIOS