Protestas en Cataluña por sentencia contra nueve líderes independentistas

Cientos de manifestantes se concentraron este lunes en las instalaciones del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, para protestar contra la sentencia del Tribunal Supremo español contra nueve líderes independentistas catalanes.

Además, el servicio de ferrocarril de alta velocidad fue interrumpido en la ciudad de Girona (noreste de España), después de que un centenar de manifestantes ocuparan las vías fuera de la estación.

Las protestas en Cataluña, especialmente en las grandes ciudades, están vigiladas por un fuerte dispositivo de seguridad, tanto de la policía regional catalana como de los cuerpos estatales (Policía Nacional y Guardia Civil), que han enviado a la región a 2.000 efectivos adicionales para asegurar el orden público.

Tras varias concentraciones y marchas de carácter pacífico durante la mañana en distintos puntos de Barcelona, cientos de personas se dirigieron al aeropuerto de la ciudad, donde se reunieron en la zona que conecta el aparcamiento con la terminal 1.

Las concentraciones causaron retrasos y atascos en las carreteras que llevan al aeropuerto.

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Por ello, la aerolínea de bajo costo Vueling, se vio obligada a cancelar de momento quince vuelos con salida desde El Prat. Además, las protestas obligaron a cortar parcialmente la circulación en algunas estaciones ferroviarias de la ciudad.

En Girona, un centenar de personas invadió las vías cerca de la estación de tren, ya que las instalaciones están protegidas por un fuerte dispositivo policial.

Este corte interrumpe de momento la circulación de trenes de alta velocidad entre Barcelona y la frontera francesa.

Posteriormente, algunas de estas personas cortaron el tráfico en la autopista AP-7 en Girona. Se trata de una importante vía que conecta la frontera francesa con Barcelona y sigue después por todo el arco mediterráneo español.

El Tribunal Supremo español condenó este lunes a 13 años de cárcel al exvicepresidente de la comunidad autónoma de Cataluña Oriol Junqueras y a penas de hasta 12 años a otros ocho procesados como culpables de sedición y malversación en el proceso por el que trataron de alcanzar la independencia de esa región en 2017.

Tres antiguos consejeros del gobierno autonómico catalán fueron condenados a 12 años de cárcel por sedición y malversación: Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa; mientras que sus compañeros Joaquim Forn y Josep Turull tendrán que cumplir 10 años por sedición.

La expresidenta del Parlamento autónomo catalán Carme Forcdell fue condenada a una pena de 11 años y 6 meses, en tanto que los líderes de asociaciones independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart fueron condenados a 9 años de prisión, todos por un delito de sedición.

Los nueve condenados, que cumplen ya prisión preventiva, son inhabilitados por el mismo tiempo de condena para ejercer cualquier cargo público.

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Otros tres procesados que estaban en libertad condicional fueron absueltos del delito de malversación y no irán a la cárcel.

El Alto Tribunal juzgó a los doce líderes soberanistas encausados entre febrero y junio pasados por la organización de un referéndum ilegal de "autodeterminación" el 1 de octubre y una declaración parlamentaria el día 27 a favor de la independencia unilateral de la región de Cataluña, anulada luego por el Tribunal Constitucional español.

La Fiscalía española los acusaba de un delito de rebelión, pero la Abogacía del Estado calificó los hechos juzgados como sedición porque considera que no existió la violencia suficiente para considerarlos rebelión.

El Supremo español también decidió este lunes dictar una nueva orden europea de detención y entrega del expresidente catalán independentista Carles Puigdemont, huido a Bélgica y declarado en rebeldía en España.

El juez Pablo Llarena decidió cursar la petición después de que el TS dictara la condena por sedición a nueve líderes soberanistas catalanes.

Fuentes jurídicas confirmaron que el magistrado, que instruyó la causa del proceso independentista ilegal, ha activado el mecanismo para solicitar de nuevo la entrega a España del exgobernante catalán huido, a quien un tribunal regional de Alemania ya rechazó extraditar por el delito de rebelión, que no ha sido contemplado por el Supremo

Llarena retiró una euroorden anterior cuando un tribunal territorial de Alemania accedió a entregarlo en julio de 2018 para ser juzgado en España, pero solo por malversación de caudales públicos, y no por rebelión, como pedía el juez.

Puigdemont, que vive en la ciudad belga de Waterloo, y otros seis independentistas catalanes permanecen en el extranjero para evitar la acción judicial española, y sobre todos ellos pesa una orden de detención en España.