Por "motivos de seguridad" prohíben procesión católica en Nicaragua por orden de la Policía

La iglesia Católica de Nicaragua informó este viernes que la policía le notificó que por "motivos de seguridad" se prohíbe la procesión para cerrar el congreso mariano y el fin de la peregrinación de la imagen de la virgen de Fátima.

La Arquidiócesis de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, informó que "dando testimonio de tolerancia y espíritu de paz, en las circunstancias que actualmente vive nuestra patria hace saber que (...) la policía nos ha comunicado que por motivos de seguridad interna no se permite el desarrollo de la procesión".

La prohibición de la procesión también fue denunciada por un párroco en Terrabona, municipio de la norteña ciudad de Matagalpa, 127 km al norte de Managua, y sede de la diócesis que preside el obispo Rolando Álvarez, quien permanece retenido en la curia arzobispal desde hace una semana.

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Las autoridades iniciaron una investigación a Álvarez, de 55 años, por intentar "organizar grupos violentos" e incitar a "actos de odio" para desestabilizar al país.

La procesión estaba convocada para el sábado en calles próximas a la catedral de Managua, y formaba parte de las actividades programadas en el congreso mariano, que durante una semana se celebró en las nueve diócesis del país.

La marcha religiosa tenía como propósito despedir una réplica de la virgen de Fátima, que regresa a su santuario en Portugal. La representación de Fátima llegó a Nicaragua en 2020 como parte de una jornada de oración por la paz y la unidad en la nación centroamericana.

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Ante la medida policial, la iglesia pidió a los fieles que asista el sábado a la catedral de Managua, "llegando a pie o en sus vehículos particulares" para "rezar por la iglesia y Nicaragua".

Las relaciones entre la iglesia y el gobierno se mantienen tensas desde 2018, cuando los curas abrieron los templos para atender heridos en las protestas antigubernamentales, que dejaron 355 muertos y cientos de heridos, según la datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El gobierno acusa a los religiosos de haberse coludido con sus opositores en un fallido golpe de Estado para deponer al presidente Daniel Ortega, de 76 años y que lleva tres lustros en el poder.