Ola de violencia azota a Ecuador: ¿qué medidas está tomando el Gobierno?

Ecuador se enfrenta a una alarmante ola de violencia que ha ido empeorando en los últimos meses. Compras frenéticas de municiones, asesinatos a plena luz del día, masacres en cárceles y el creciente número de cadáveres en prisiones indican una crisis de seguridad sin precedentes en el país.

A pesar de haber sido conocido por su relativa tranquilidad, Ecuador ahora está inmerso en una violenta guerra territorial entre organizaciones criminales rivales, principalmente por el control y la distribución de narcóticos, especialmente cocaína, en la costa del Pacífico.

El Gobierno ecuatoriano, en un intento por combatir la creciente violencia, anunció la adquisición de 24 millones de cartuchos para armas de fuego, una cantidad que supera incluso la población del país.

Sin embargo, la violencia también ha afectado el sistema penitenciario, con más de 400 reclusos asesinados desde 2021 y cientos tomando a los guardias como rehenes en motines. El sistema penitenciario ha demostrado ser un foco de violencia difícil de controlar, con pandillas gobernando desde dentro de prisiones hacinadas y dirigiendo redes criminales.

De acuerdo con un informe publicado por el canal CNN, la creciente violencia en Ecuador está vinculada al tráfico de cocaína, en el cual el país se ha convertido en parte esencial de las rutas desde América del Sur hacia América del Norte y Europa.

Aunque Ecuador no produce cocaína, sus puertos estratégicos lo convierten en un punto clave para el transporte de drogas producidas en países vecinos como Colombia, Perú y Bolivia.

De acuerdo con la información, serían grupos criminales extranjeros, como carteles mexicanos y pandillas urbanas brasileñas, las que habrían cooptado a organizaciones locales para que sus miembros operen como soldados rasos en el conflicto en curso.

¿Qué está haciendo el Gobierno de Ecuador?

En respuesta a la crisis, el presidente Guillermo Lasso ha implementado varios estados de emergencia y autorizado el uso de fuerza letal en operaciones antipandillas. No obstante, a pesar de estos esfuerzos, la violencia sigue desenfrenada y el país se encuentra en una situación de espera debido a los desafíos políticos internos.

Lo anterior debido a que Lasso disolvió el Congreso liderado por la oposición y allanó el camino para elecciones generales anticipadas en agosto.

La situación actual representa uno de los mayores retos para la estabilidad y seguridad de Ecuador en décadas. La violencia ha trascendido las fronteras de las cárceles y ha llegado a las calles, afectando la vida cotidiana de los ciudadanos.

Para enfrentar este desafío, será necesaria una estrategia integral que aborde tanto el problema del narcotráfico como la crisis en el sistema penitenciario, al tiempo que se fomenta el diálogo y la cooperación entre los actores políticos para avanzar hacia una solución sostenible.

¿Cómo está la situación en las cárceles?

En principio, el organismo encargado de la administración de prisiones (SNAI) había informado el sábado sobre “tres heridos leves” en un incidente en la cárcel conocida como Guayas 1. Sin embargo, el domingo se confirmó un enfrentamiento entre bandas criminales dentro de la prisión, resultando en seis personas fallecidas y 11 heridas, según lo reportado por la entidad.

Posteriormente, la Fiscalía anunció en su cuenta de Twitter que hasta el momento se había registrado la muerte de 18 reclusos a raíz de los enfrentamientos en la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, además de 11 personas heridas, incluyendo un policía.

Para hacer frente a la situación, un contingente de 2.700 uniformados, compuesto por militares y policías, ingresó el martes a la penitenciaría con el objetivo de restablecer el control. Esta intervención se llevó a cabo en el marco de un estado de excepción que abarca todo el sistema penitenciario, con una duración de 60 días, establecido previamente.

El presidente Guillermo Lasso se pronunció sobre la situación en su cuenta de la red social X (anteriormente conocida como Twitter), asegurando que el Estado restablecerá el orden en la Penitenciaría del Litoral y que la fuerza coercitiva no se doblegará.