Lo último: presidente Petro denunció posible golpe de Estado en Guatemala; aquí los detalles

Se agudizó la situación política en Guatemala, luego de que el tribunal electoral de este país fuera allanado el pasado viernes, 29 de septiembre, por la Fiscalía, esto con el supuesto fin de requerir las actas del proceso electoral que llevó a la presidencia a Bernardo Arévalo.

Por lo anterior, el presidente de los colombianos, alzó su voz a través de redes sociales y denunció que en el país centroamericano, se pretende llevar a cabo un golpe de Estado planeado por el mismo Ministerio Público.

“Se alista un golpe de estado en Guatemala. Todos los gobiernos democráticos de las Américas y del mundo deben estar listos a responder. En el territorio americano no se debe dar un golpe de estado más, ni una burla más al mandato popular. La fiscalía de Guatemala es el instrumento del golpe y en la OEA se debe alistar el uso de la carta democrática”, escribió Petro en su cuenta de X (Twitter).

Situación en Guatemala, ¿habrá golpe de Estado?

Entre forcejeos con magistrados, la cuestionada fiscalía de Guatemala incautó este sábado las actas de las pasadas elecciones en el allanamiento del tribunal electoral, un operativo rechazado por la comunidad internacional.

“Nosotros no somos garantes ya de ningún acta. Se llevaron todas las cajas con todos los resultados”, dijo a periodistas la magistrada Blanca Alfaro tras minutos de tensión en la allanada sede central del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el centro capitalino.

Alfaro y otros magistrados opuestos a la extracción de los documentos forcejearon y discutieron con varios policías y fiscales en el momento que los oficiales sacaron las cajas con las actas, de acuerdo con una transmisión por Facebook hecha por el TSE.

El magistrado Gabriel Aguilera indicó que las actas incautadas corresponden a las elecciones de junio en las que el socialdemócrata Bernardo Arévalo dio la sorpresa al avanzar al balotaje presidencial que ganó en agosto.

El allanamiento comenzó el viernes como respuesta a denuncias de presuntas irregularidades en el proceso electoral, según el fiscal Rafael Curruchiche, a cargo de la operación. Las acciones de la fiscalía han sido denunciadas por Arévalo como un “golpe de Estado en curso” para evitar que asuma el próximo 14 de enero.

“El Ministerio Público está violando de manera continua y sistemática el sistema legal guatemalteco. Las imágenes que vimos hoy, magistrados agredidos y el secuestro de la voluntad popular son un ejemplo de la violencia que están ejerciendo los golpistas sobre el pueblo”, indicó Arévalo este sábado en la red social X (antes Twitter).

Papel de Estados Unidos

Los magistrados habían pedido a la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, otorgar un amparo para evitar el secuestro de las actas originales, al considerarlo “una violación al sistema democrático” debido a que son los únicos facultados “para custodiar” los documentos electorales.

También calificaron el allanamiento, el cuarto que se realiza en sedes del TSE, como un “acto intimidatorio” para poner en duda los resultados. Sin embargo, este sábado el ente constitucional remitió ese y otros pedidos a la Corte Suprema y otras salas inferiores.

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, escribió el viernes en X que su gobierno exigirá “rendición de cuentas a quienes participen en acciones para socavar la transición democrática al presidente electo” tras rechazar el operativo de la fiscalía.

“Las instituciones deben respetar la voluntad del pueblo guatemalteco”, dijo el funcionario estadounidense.

También el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó “con toda firmeza” el “inaceptable allanamiento” al TSE. “El asedio a la democracia no puede continuar”, escribió este sábado en X .

En tanto, la misión de observación de la Organización de Estados Americanos señaló el viernes que las acciones contra el tribunal electoral “constituyen un ejemplo vergonzoso para el hemisferio”.

Las acciones de Curruchiche son respaldadas por la fiscal general, Consuelo Porras, y los allanamientos han sido autorizados por el juez Fredy Orellana. Los tres son considerados por Washington como “corruptos” y “antidemocráticos”.

Con información de AFP.