Julio Iglesias demanda a vicepresidenta española, Yolanda Díaz

Crecen las consecuencias que ha traído consigo el escándalo del cantante Julio Iglesias, en el que se le acusa de presunto abuso sexual a dos de sus empleadas domésticas. En esta ocasión, el abogado del cantante dio a conocer que radicó una demanda en contra de la vicepresidenta segunda del gobierno de España, Yolanda Díaz, con la que pretende que retire lo que dijo en su momento en la red social Bluesky.

José Antonio Choclán, representante legal de Iglesias, ha exigido que la ministra de Trabajo y Economía Social rectifique de forma pública dichos mensajes, en los que se refirió a supuestos “abusos sexuales”, además de la existencia de una “situación de esclavitud” de las trabajadoras domésticas.

“Escalofriantes testimonios (…) Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”, habría escrito la vicepresidenta en la red social.

Además, el abogado ha advertido que, de hacer caso omiso a esta petición, interpondrá una querella ante los tribunales españoles.

En el escrito judicial se da a conocer que el equipo legal del cantante ha solicitado también una indemnización económica. Según el documento, la cuantía de la compensación deberá establecerse “en función del grave daño social producido”, esto debido a que Julio Iglesias considera que se trata de un comportamiento “injurioso y calumnioso” por parte de la vicepresidenta.

El escrito detalla, por otra parte, que al día siguiente de la publicación de Díaz en Bluesky, la vicepresidenta intervino en un programa de televisión, en el que se abordaba la cuestión de la denuncia.

Durante dicha intervención, Díaz habría afirmado que las extrabajadoras “estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias”. Y añadió: “La investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres”.

Según la defensa del cantante, estas acusaciones contribuyeron a consolidar un prejuicio público de culpabilidad en su contra.

Cabe señalar que dichas acusaciones no prosperaron judicialmente, debido a que la Fiscalía optó por no investigar el caso al considerar que no tenía competencia para hacerlo.

Por su parte, el Ministerio Fiscal, por medio de un decreto publicado en el mes de enero, decretó el archivo del caso por la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por lo tanto, la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados”.